Las empresas de telecomunicaciones en Colombia han estado enfrentando dificultades significativas en los últimos dos años, con problemas financieros notables. Sin embargo, también se han producido cambios que han modernizado el sector, como la licitación de 5G y la ley de modernización del sector. Estos avances han permitido depurar el sector, obligando a las compañías a adaptarse a los retos tanto del país como de la industria global, especialmente en términos de ingresos.
Una de las principales realidades de la industria en Colombia es que el costo del espectro sigue siendo uno de los más altos del continente, a pesar de los esfuerzos del ministro Mauricio Lizcano por corregirlo. Los servicios para los usuarios siguen siendo muy demandados, especialmente en datos, aunque el valor por usuario se ha reducido drásticamente para los operadores, ya que las personas consumen menos minutos y servicios de hogar.
Esto ha provocado un aumento en la demanda de internet, lo que ha llevado a algunos actores globales a pedir que las grandes tecnológicas inviertan en estas redes, ya que son las que promueven y crean esta demanda de servicios en la industria de comunicaciones.
En Colombia, el mercado está concentrado principalmente en el operador Claro, declarado por la CRC como dominante, aunque es la empresa con mayor solidez financiera, también ha enfrentado desafíos económicos en un entorno tan competitivo y poco rentable como el colombiano. Esto ha traído que empresas como Wom que ingresó hace cinco años en el mercado, actualmente está en proceso de reorganización bajo el capítulo 11 en Estados Unidos, esperando no solo más inversión para continuar operando sino también cumplir con sus obligaciones en el país y poder desplegar la tecnología 5G.
Pero volviendo al negocio anunciado, que sería por alrededor de 400 millones de dólares, resulta práctico mirar quiénes podrían ganar y perder en una transacción que consideramos necesaria y urgente.
El negocio entre Movistar y Tigo que se espera que se concrete de la manera más exitosa posible, deja varios ganadores, el Gobierno es el primero pues se libraría de una de sus cargas más grandes: la participación del 32,5% en Movistar, que gobiernos anteriores, como el de Juan Manuel Santos con Mauricio Cárdenas, intentaron vender. Iván Duque prefirió no actuar al respecto, permitiendo que el país continuara perdiendo dinero.
El Estado colombiano nunca ha obtenido beneficios por tener inversiones de los impuestos de los colombianos en Movistar. Incluso Juan Manuel Santos, en una reforma tributaria, metió una gigante capitalización a Movistar con los dineros de los contribuyentes para capitalizar una empresa mayoritariamente española, algo que fue inaceptable y de lo que el país nunca se enteró.
Cualquiera que sea la decisión, será importante para el gobierno, ya que la inversión en Telefónica solo ha traído pérdidas y problemas, actuando como juez y parte, lo cual no debería suceder. Se ha aconsejado desde hace siete años que se venda esta participación, ya que Movistar ha aprovechado la presencia del gobierno como socio para ejercer presiones indebidas sobre reguladores y tener mayor acceso a congresistas y ministros de turno. Esto les ha permitido argumentar que, dado que el gobierno está involucrado, tienen ciertas necesidades o intereses.
Prácticamente, se va a privatizar al 100% el negocio de las telecomunicaciones en Colombia. El gobierno se retira de Movistar, y EPM y Medellín se apartan de Tigo, dejando a Millicom como una empresa completamente privada. Esta privatización debe ser aprobada por la SIC. Según lo mencionado por Lizcano, América Móvil, la empresa mexicana de Carlos Slim, se quedará con el 100% de Tigo.
Algunos operadores virtuales también tendrán participación en el mercado, pero todos serán privados. Wom podría ser el tercer operador si logra recuperarse, y el cuarto sería Telecol, la empresa brasileña que compró espectro 5G. Así, tendríamos un mercado con cuatro empresas, o tres si Wom no se salva, e incluso dos dependiendo del caso.
Esperamos que Wom se recupere y logre la inversión necesaria, ya que Colombia necesita evitar la cartelización y asegurar al menos tres operadores en el mercado. La competencia aumentará, aunque creemos que esto es incierto, ya que la verdadera competencia se da cuando hay más de tres o cuatro operadores. De lo contrario, como ocurrió con las aerolíneas, existe el riesgo de cartelización. Con menos actores en el mercado, hay menos competitividad, menor productividad y los usuarios se benefician menos.
Hay una verdad impopular: los servicios de telefonía en Colombia son muy económicos, lo que lleva a la necesidad de un aumento de precios. Esta situación es una de las razones por las que el sector de telecomunicaciones en Colombia no es rentable. No se pueden cobrar tarifas como en EE.UU., Inglaterra o en otros países de la región como México, Chile y Argentina. Por lo tanto, es probable que se produzca un aumento significativo en las tarifas, lo cual es necesario para reflejar la inversión en infraestructura, tecnología más eficiente, mayor velocidad y, sobre todo, mayor calidad.
Medellín se deshace de un negocio que nunca le generó beneficios: la venta de su participación del 50% en lo que era Une. Con esta fusión, EPM podrá concentrarse en sus negocios principales y no en telecomunicaciones, donde no deberían estar los dineros de los contribuyentes.
Para los operadores, legisladores, reguladores, autoridades y el mercado, será beneficioso contar con un mercado 100% privado. Esto es claro, y se espera que este gran negocio traiga beneficios.
