En Colombia, la palabra justicia se ha ido vaciando de sentido en el país. Cada cuatro años los ciudadanos depositan su fe en propuestas de reforma que prometen cambiar un sistema congelado, atrapado en una especie de nevera institucional que no logra responder a las demandas sociales. Y, sin embargo, elección tras elección, la frustración se repite: las promesas no se cumplen y la justicia sigue siendo un bien escaso.
Esta situación se ha convertido en una de las heridas más profundas del país. Nuestra resiliencia, tantas veces celebrada como virtud nacional, también se ha transformado en un arma de doble filo. Porque si bien los colombianos sabemos sobreponernos al dolor, también hemos aprendido a olvidar demasiado rápido. Pasamos la página sin exigir respuestas y terminamos normalizando lo inaceptable: que crímenes atroces queden impunes, que los delincuentes sean liberados y que, en muchos casos, ni siquiera se identifique a los responsables.
Esa impunidad, que se arrastra desde hace décadas, se ha convertido en un permiso tácito para delinquir. Quien roba, asesina o extorsiona sabe que probablemente no pagará las consecuencias. Y este fenómeno, lejos de ser una falla coyuntural, ha llegado a instalarse como un mal estructural que despierta sospechas: ¿qué intereses protegen los gobiernos al no garantizar justicia? ¿qué silencios guardan las instituciones?
Los ejemplos sobran y duelen. Desde los niños asesinados hasta los líderes políticos y sociales cuyo caso sigue sin esclarecerse, pasando por miles de víctimas de desapariciones, fleteos, atracos y extorsiones. La lista es interminable y cada episodio se convierte en una prueba más de que en Colombia delinquir parece no tener costo.
Por eso no debe sorprender que una parte de la ciudadanía busque en los candidatos presidenciales figuras de “justicieros”. Puede que se critique esta tendencia como populista o peligrosa, pero es, en realidad, la reacción natural de una sociedad desesperada por encontrar respuestas. Quienes hoy piden un líder que enfrente la impunidad lo hacen desde la necesidad vital de vivir en un país donde “el que la hace, la paga”.
Como medio de comunicación, entendemos ese clamor y lo compartimos. Colombia no puede darse el lujo de soportar otros cuatro años sin una reforma seria a la justicia. El próximo presidente debe asumir esa responsabilidad histórica y ofrecer garantías reales de protección a las víctimas y de castigo a los delincuentes.
Y si no está dispuesto a dar esa batalla, lo mejor es que no se lance. Porque este país ya no resiste más promesas incumplidas ni más tiempo sin justicia.
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