El gobierno Petro no está perdiendo respaldo: está perdiendo capacidad de conducción. No por una conspiración externa ni por una animadversión ideológica del mercado, sino por una cadena de decisiones económicas, regulatorias y de seguridad que han debilitado, una a una, las bases materiales que sostienen cualquier proyecto de poder. No es una opinión. Es un balance.
Colombia entra al cierre del ciclo electoral con una economía exhausta y un Estado tensionado. Las cifras no admiten romanticismo. Según el DANE, la inversión privada —formación bruta de capital fijo— se contrajo de manera sostenida desde 2023 y no ha logrado recuperar niveles prepandemia. El Banco de la República ha advertido una desaceleración marcada del crédito productivo, mientras Fedesarrollo registra índices de confianza empresarial persistentemente negativos. El mensaje es inequívoco: el capital no está huyendo, está esperando. Y cuando el capital espera, el país se enfría.
La declaratoria de emergencia económica no fue un accidente; fue un síntoma. No por su legalidad, que es debatible, sino por lo que revela: incapacidad de ordenar el gasto, dependencia de ingresos transitorios y una tentación recurrente de gobernar por excepción. En mercados serios, esa señal se traduce en mayor prima de riesgo. En empresas reales, en proyectos aplazados, contratación congelada y planes de expansión archivados. El error del Gobierno fue confundir autoridad formal con credibilidad económica.
A esto se suma una política laboral desconectada de la productividad. El salario mínimo ha crecido muy por encima del aumento del valor agregado por trabajador, en un país donde más del 55 % del empleo ya es informal. El efecto es previsible: las grandes empresas absorben el impacto, las medianas ajustan silenciosamente y las pequeñas desaparecen o migran a la informalidad. No es redistribución; es erosión del tejido empresarial, y con ello del recaudo futuro. El propio Ministerio de Hacienda ha reconocido la rigidez creciente del gasto, mientras el déficit fiscal supera el 5 % del PIB y la deuda pública se aproxima a niveles que reducen el margen de maniobra del próximo gobierno.
En seguridad, el deterioro dejó de ser una percepción y se volvió estructura. Las cifras de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y organizaciones internacionales muestran un repunte sostenido de homicidios, extorsión y control territorial ilegal, especialmente en corredores productivos estratégicos. Para el sector real, la inseguridad no es un debate moral ni ideológico: es una variable de costo. Cuando la extorsión se normaliza, invertir deja de ser audaz y pasa a ser irracional.
Este es el escenario en el que se mueve el poder que no hace campaña. No el de los discursos, sino el de las decisiones. Juntas directivas revisando exposición país. Grupos empresariales regionales reorganizando portafolios. Multinacionales recalibrando expansión. Empresarios locales priorizando liquidez sobre riesgo. No es sabotaje ni conspiración: es gestión racional del daño.
El error estructural del petrismo fue creer que podía gobernar contra la empresa sin pagar costos. Tratar al sector productivo como actor sospechoso, prescindible o moralmente incómodo debilitó la base material del propio Estado. Hoy la realidad devuelve la factura: menor inversión, menor crecimiento, menor recaudo y mayor presión fiscal. Sin empresa no hay empleo; sin empleo no hay política social que resista el tiempo.
Lo que viene puede leerse en tres escenarios:
El primero, el más probable si nada cambia, es el del estancamiento administrado: crecimiento bajo, informalidad al alza y conflictividad social contenida mediante subsidios cada vez más caros. No hay colapso, pero tampoco progreso. Un país que sobrevive sin avanzar.
El segundo, más grave, es el de la radicalización final. Ante el agotamiento político y fiscal, el Gobierno profundiza la confrontación, amplía el uso de decretos y tensiona aún más la institucionalidad económica. El capital responde con repliegue acelerado. La economía entra en recesión técnica y el próximo gobierno recibe un país sin margen fiscal, sin confianza y sin tiempo.
El tercero, el único deseable, exige carácter. La activación del poder silencioso. Que el empresariado colombiano deje de esconderse detrás de la prudencia cómoda y entienda que no participar también es una forma de decisión. No para cogobernar ni para capturar el Estado, sino para condicionar la gobernabilidad futura con reglas claras, públicas y verificables.
A quienes creen que por pertenecer al sector real deben mantenerse al margen de la política, vale decirles esto con franqueza: la neutralidad ya no protege. Hoy expone. Y a quienes han sido activos, pero fragmentados, les toca entender que la dispersión debilita. El país no necesita empresarios ideólogos ni financistas de consignas; necesita actores responsables que defiendan institucionalidad, seguridad jurídica y orden económico.
Estas elecciones no se definirán únicamente en las urnas. Se están definiendo ahora, en la confianza —o desconfianza— que genera quien aspire a gobernar. El capital ya está votando con sus decisiones. Y cuando el capital se retira, no hay relato que lo reemplace.
Porque cuando la política fracasa, no se rompe el discurso.
Se rompe la empresa.
Y cuando la empresa cae, no hay país que aguante.
El poder que no hace campaña ya entendió el momento.
La historia juzgará si tuvo el coraje de actuar a tiempo.
Por: Juan Diego Vélez Forero -@juandiegovelezf