El problema de la gasolina

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Cobrar gasolina de nuestro propio petróleo al precio de Texas, es como vender bananos y aguacates a precios de Londres.

Por: Saúl Hernández

El tema de los subsidios a la gasolina es muy cuestionable. Colombia es autosuficiente en materia petrolera, lo que le permite vender más de la mitad de lo que extrae. En cuanto a la gasolina, refina alrededor del 80% de lo que consume, debiendo importar el resto a precio internacional. En 2022 importó el 27% de lo consumido.

Es de sospechar que somos autosuficientes en materia de gasolina corriente y que lo que se importa es extra y gasolina de avión, cosas que hace años se cobran a precio internacional en los surtidores. Esa es la gasolina de las Toyotas de los blanquitos ricos y no la de las motos y los cacharros viejos de la gente trabajadora.

Si la gasolina corriente —refinada aquí o no— se vende más barata que en muchos países es porque se ha considerado como una ventaja competitiva, como podría también serlo el tener un precio más bajo de la electricidad, haciendo más barato maquilar jeans en Medellín que en Lima.

De hecho, mantener bajo el precio del diésel es imperativo para la competitividad de un país que mueve su economía en tractomulas y muy poco o nada en avión, barco o tren, y cuyos centros de producción y consumo se encuentran bien alejados de las costas y los puertos.

Entonces, no hay razón para aducir que el precio local del combustible tiene que ser el mismo que el internacional y que si se vende por debajo localmente es porque el Estado subsidia la diferencia entre el precio del galón en Bogotá y el precio en el golfo de México. El llamado «costo de oportunidad» no debe implicar que al interior del país se impongan precios prohibitivos cuando hay realidades económicas tan distintas. El PIB per cápita gringo es de 76.398 dólares anuales y el nuestro apenas de 6.630 (Banco Mundial).

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Así que cobrar nuestro propio petróleo al precio de Texas, es como vender bananos y aguacates a precios de Londres. Una cosa es que la carne bovina aumente un poco de precio por la demanda que tiene nuestro ganado en países como Chile, Rusia, Egipto, Irak y Líbano, y otra cosa es igualarla con el precio en Japón. Esa turbia mentalidad se parece a lo que ha ocurrido con el café: se exporta el de primera calidad, pero para el consumo interno, a precios populares, se deja la pasilla, o se importan cafés de baja calidad de Perú y Vietnam.

Esto ha redundado, en parte, a que mes tras mes caiga la venta de vehículos, que siempre ha sido bajísima. Colombia tiene uno de los índices de motorización más bajos de Latinoamérica, al nivel de países africanos. Según un estudio reciente, el nuestro es el tercer país del mundo más caro, después de Turquía y Argentina, para comprar carro: se requieren cinco años de salario anual promedio para comprar y mantener uno. En contraste, en Estados Unidos se requiere menos de la mitad del salario de un año.

Lo anterior ha ocasionado, entre otras cosas, que tengamos un parque automotor viejo y deteriorado, que el mercado de segundas sea más dinámico que el de nuevos, que los carros considerados inseguros estén entre los más vendidos en Colombia y que se haya disparado la venta de motos, todo lo cual incide en la accidentalidad vial.

El país no tendría que enfrentar alzas tan onerosas —y hasta inflacionarias— en el precio de los combustibles si nuestras refinerías cubrieran el ciento por ciento de la demanda, como debe ser. La Refinería de Cartagena dice, en su página web, que exporta más del 50% de los productos que refina. O sea que no trabaja para nosotros. Por otro lado, la gasolina no debería tener ni uno de la decena de impuestos que la encarecen. Ni tendría que pagarse a Ecopetrol a precio internacional porque Ecopetrol es de todos, ¿o no?

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Ahora Petro, el falso autista, echa mano de su populismo para desviar el foco del problema con el cuento de pagar el transporte público a través de una «pequeña» tarifa en la cuenta de servicios públicos. Pero, esa tarifa no sería nada pequeña. La alcaldesa de Bogotá ya la calcula en 200.000 pesos por cada usuario de energía, y podría ser del doble, o más, si se pretende eximir del cobro a los estratos bajos e imponérselo al 4, 5, 6, industrial y comercial.

Apostarle a la gratuidad para destruir la iniciativa individual. El comunismo tratando de dar pasos grandes en Colombia.

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