EDITORIAL
Se hace necesario comenzar a plantear un nuevo modelo de Gobierno que sea mucho más eficiente, austero, compacto, y que permita manejar a la ciudad mediante una verdadera convergencia con el sector privado, que en últimas, ha sido gran responsable del desarrollo en Medellín de los últimos años.
La contingencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, ha puesto en calzas prietas a Empresas Públicas, al Idea, que representa a la Gobernación de Antioquia, y a la Alcaldía de Medellín.
Estaban esperanzados y con grandes energías a poder esperar recibir cifras importantes cuando la central hidroeléctrica comenzara sus operaciones, las cuales, como generalmente se sabe, se van a posponer cerca de cuatro años, y no van a generar dineros, aunque sí a requerir más inversión.
Hasta estos días, desconocemos en qué proceso se está con las aseguradoras del proyecto, pues hasta hoy se habla de que le va a tocar asumirlo al municipio y a la Gobernación, pero nada se habla de las aseguradoras que son tan buenas para vender, pero tan difíciles para responder.
Hidroituango tiene hoy serios cuestionamientos por su construcción y desde el punto de vista penal con lo que ha revelado el fiscal general Néstor Martínez, y también por exageración de sobrecostos, como lo ha referenciado la Contraloría General en cabeza de Edgardo Maya. En tal virtud, ya van dos instancias máximas, como la Fiscalía y la Contraloría, que tienen la lupa en el proyecto y han encontrado lunares en el mismo.
Se dio el retiro de dos altos funcionarios de Epm, quienes tenían amplia trayectoria; no ha habido respuestas por parte de Conconcreto e Integral de lo que se hizo o se dejó de hacer en las compuertas. Todo ha quedado en hermetismos y en secretos; los que más se decían buenos y transparentes hoy están pecando, y en gran manera.
No se explica la presencia de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol, en la junta directiva de Epm, y hoy no es claro el manejo que se le está dando a esta crisis.
La situación financiera para Medellín para el próximo año es desdeñable. Se presume que el presupuesto será de 3.8 billones, inferior al de 2018. Hoy Epm está buscando una cifra casi exacta a la mencionada para poder contar con estabilidad y no perder sus calificaciones; está buscando hacer desinversiones por un monto cercano a los 4 billones de pesos. Lo anterior demuestra que el problema es serio, y que tiene unas variables muy particulares y que requerirían de un acompañamiento mucho más amplio de veeduría y de todos los entes de control, también de hablarle con más verdad a la ciudad.
También hay que decir que a Federico Gutiérrez le resta un año de mandato, el cual en tiempos políticos se vuelve corto. Esta Administración ha sacado adelante proyectos como la arborización de algunos sectores de Medellín, los llamados corredores verdes, y la ciclorruta de la Avenida Las Vegas, pero en materia de grandes proyectos se está rajando, y quizá no se raje por omisión o precariedad de la Administración, sino por una falta de caja, de eficiencia y determinación. No es responsable salir a gastar miles de millones cuando tenemos una crisis como esta.
Eso perjudicará la finalización del Gobierno Gutiérrez y del Gobierno Pérez, si hacemos una lectura desde hoy, y pues se plantea un gran reto a los concejales de Medellin, a la Alcaldía y a toda la ciudad de salir de las participaciones en donde no se tiene realmente una presencia activa y que genere réditos a Medellín; que Epm adelante ahora mismo, y como lo debió hacer con anterioridad, todo un proceso de austeridad, como lo dijo la concejal María Paulina Aguinaga.
Federico Gutiérrez también tendrá revisar qué gasta y qué le ingresa a la Alcaldía de Medellín, hacer un nuevo corte de cuentas y pensar de la mano de sectores privados decentes una reorganización del municipio, ver qué entidades sirven y cuáles se pueden fusionar, con el fin de ser responsables con la situación.
No es de ser alarmista, sino de tomar decisiones con tiempo para garantizar que Medellín sea sostenible en el tiempo, que sus inversiones sean rentables, que los ciudadanos siempre tengan unos servicios mínimos garantizados, y que podamos salir avante de esta crisis que ha significado esa debacle del proyecto hidroeléctrico de Ituango a pocos meses de ser puesta en funcionamiento.
