Hay propuestas que generan debate no porque sean descabelladas, sino porque tocan nervios ideológicos que el país lleva años evitando. La apuesta de Abelardo de la Espriella por abrir el fracking controlado y convertir el subsuelo colombiano en motor de transformación económica es exactamente ese tipo de propuesta: técnicamente seria, políticamente incómoda, y urgente de analizar sin los filtros del populismo verde o del extractivismo irresponsable.
El candidato plantea doblar la producción petrolera del país hasta alcanzar 1,3 millones de barriles diarios, reactivar la firma de contratos de exploración paralizados durante el gobierno Petro, y autorizar el fracking bajo estrictos marcos ambientales, excluyendo explícitamente páramos, humedales y zonas de reserva. Las cifras que acompañan la propuesta no son retórica: el equipo técnico de campaña proyecta entre 15.000 y 20.000 millones de dólares adicionales en regalías durante el cuatrienio, y la creación de 150.000 empleos directos en el sector hidrocarburos. En un país con un déficit fiscal que supera el 5% del PIB y una tasa de desempleo estructural que no cede, esos números exigen atención.
El precedente internacional existe y es ilustrativo. Estados Unidos pasó de importador neto de energía a primer productor mundial de gas y petróleo en menos de quince años, en buena medida gracias a la revolución del shale y el fracking regulado. Argentina ha avanzado con Vaca Muerta bajo esquemas de supervisión ambiental que han logrado contener los impactos más críticos. Países como Polonia y Reino Unido desarrollaron pilotos con monitoreo comunitario. El argumento de que el fracking es inherentemente incompatible con la responsabilidad ambiental ya no resiste el escrutinio técnico cuando se aplica con regulación seria: lo que marca la diferencia es la institucionalidad que lo rodea, no la técnica en sí misma.
La propuesta de De la Espriella incluye un elemento que suele pasarse por alto en la cobertura mediática: la distinción entre minería criminal, minería informal, minería de subsistencia y minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Propone trazabilidad obligatoria del oro y una ley específica contra la extracción ilícita. Eso no es extractivismo irresponsable —es, en rigor, lo que organizaciones como el PNUD y el Banco Mundial llevan años recomendando para formalizar un sector que hoy financia en buena medida a grupos armados.
Los retos son reales y sería deshonesto ignorarlos. La capacidad institucional del Estado colombiano para supervisar fracking con el rigor necesario es débil. La corrupción en el sector minero-energético tiene historia. La conflictividad social en territorios donde se proyectan estas intervenciones es alta. Y la transición energética global impone una ventana de tiempo limitada para que los hidrocarburos sigan siendo activo estratégico. Nada de eso invalida la propuesta —la condiciona. El éxito dependería de construir simultáneamente la gobernanza institucional que hoy falta, y de acordar con comunidades locales esquemas de participación real en los beneficios. Si De la Espriella llegara a la presidencia, ese sería el verdadero reto de implementación: no aprobar el fracking, sino hacerlo bien.
Lo que está en juego el 21 de junio no es solo una elección entre dos candidatos: es una pregunta sobre el modelo de desarrollo que Colombia quiere para la próxima década. La propuesta de apertura responsable del subsuelo que plantea De la Espriella va en la dirección correcta si se entiende no como un cheque en blanco a la industria, sino como el primer paso de una política energética de Estado —técnica, regulada, y con distribución justa de beneficios. Es la clase de debate que Colombia necesita tener sin miedo.
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