La cancelación del concierto de Kendrick Lamar en la ciudad de Bogotá abrió el debate sobre cómo se tramitan los permisos para eventos de gran magnitud y puso en el medio al nuevo escenario Vive Claro Distrito Cultural. Desde la organización, Ocesa Colombia asegura que detrás de la suspensión del espectáculo hubo factores que van más allá de lo administrativo.
En entrevista con La FM, Luz Ángela Castro, directora de Ocesa en Colombia, calificó el hecho como el resultado de una “guerra sucia” contra el proyecto. Según la ejecutiva, desde que inauguró el recinto se ha difundido en redes sociales información falsa que afecta la percepción de seguridad del espacio, acompañadas de acciones jurídicas que ha genera un ambiente de desconfianza tanto en las autoridades como en el público.
“Hay videos falsos que cuestionan la seguridad del Vive Claro, mensajes que exageran su impacto y datos que no corresponden a la realidad. Todo esto termina por crear incertidumbre tanto en la opinión pública como en las autoridades”, señaló Castro, al subrayar que el recinto cumple con estándares internacionales de seguridad y está diseñado para ofrecer experiencias de calidad.
Respecto a quienes compraron las boletas para el concierto de Lamar, Ocesa confirmó que el reembolso será total, incluyendo la tarifa de servicio a través de la plataforma TicketMaster.
Ocesa Colombia denuncia campaña de desprestigio contra el Vive Claro
La cancelación, explicó Castro, se debió a un requerimiento adicional en la documentación que llegó el viernes a las 10 de la mañana, apenas un día del evento. No fue por dudas sobre la seguridad, sino por cómo íbamos a garantizar mayor confort para los asistentes”, dijo.
Este nuevo pedido surgió después de los comentarios que se hicieron sobre el movimiento de la estructura durante el concierto de Green Day, el cual se había realizado semanas atrás en el mismo escenario. Aunque Ocesa presentó la documentación exigida, la resolución del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger) no se expidió a tiempo.
“Luchamos hasta el último minuto. Teníamos todo listo: más de 1.500 personas trabajando, el montaje completo y el artista preparado. Lo que faltaba era un documento oficial. Esa impotencia fue enorme porque no podíamos comunicar nada hasta tener la decisión”, relató la directora.
Entre trámites obsoletos y presiones
Castro aseguró que la situación también evidencia la obsolescencia el Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público (Suga), la plataforma que regula los permisos, según explicó, el sistema arranca el trámite con apenas diez días de anticipación, lo que deja poco margen de maniobra en caso de ajustes de última hora.
“La normatividad obliga a que los conceptos se entreguen prácticamente sobre el tiempo. A veces se recibe el aval un día antes o incluso el mismo día del evento, lo que genera una presión enorme para organizadores y autoridades”, afirmó.
Al referirse a los señalamientos contra el Idiger, Castro evitó responsabilizar directamente a la entidad. “Aquí no se trata de culpas, sino de reconocer que ha existido una guerra sucia. También hay un procedimiento que no responde a la dinámica actual de los grandes conciertos”, puntualizó.
La directora de Ocesa añadió que los funcionarios del Idiger han estado permanente en contacto con la organización, incluso con visitas técnicas y mesas de trabajo que verificaron el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El diálogo ha sido constante, pero el procedimiento administrativo sigue siendo un cuello de botella”, insistió.
Un golpe duro para Bogotá
Más allá de los cuestionamientos, Castro expresó que la cancelación representa una pérdida para la ciudad y para el público. “Se trataba de un espectáculo de talla mundial, que tenía a Bogotá como una de sus paradas principales. Es frustrante no haber podido darle esa experiencia al público, después de tanto esfuerzo”, comentó.
De cara al futuro, Ocesa aseguró que ya trabaja con la Secretaría de Gobierno, el Idiger y la Personería para encontrar soluciones que eviten que se repitan episodios como este que afectó a más de 20 mil personas. La meta es ajustar los procesos de autorización y garantizar que la agenda de eventos programadas en el Vive Claro se realicen sin contratiempos.