El Capitolio Nacional se prepara para uno de los movimientos de poder más determinantes de 2026. Tras la salida de Carlos Hernán Rodríguez, el proceso para elegir la persona que llegue a la Contraloría General ha entrado en su «recta de honor». Superadas las pruebas de conocimiento de la Universidad de Cartagena, el país conoce finalmente los nombres de quienes se perfilan para custodiar el erario público hasta 2030.
La elección, programada para el próximo 12 de agosto, no solo medirá el conocimiento técnico de los aspirantes, sino también la solidez de sus hojas de vida y la transparencia de sus patrimonios. A continuación, presentamos un análisis detallado de las figuras que lideran la carrera.
Recta final en el Capitolio: Estos son los candidatos para la Contraloría General 2026
- Carlos Mario Zuluaga Pardo: Es, quizás, el nombre con mayor conocimiento interno tras haber ejercido como vicecontralor y contralor encargado. Su trayectoria de dos décadas en el sector público se refleja en un sólido patrimonio bruto de $2.284 millones, con una marcada concentración inmobiliaria en Bogotá y el Caribe (11 propiedades). Reporta nexos con las firmas Petra Alcala SAS y W Entertainment, además de una red familiar activa en diversas entidades del Estado.
- Julián Mauricio Ruiz Rodríguez: Con 43 años, este abogado ha escalado desde la Fiscalía hasta la Contraloría de Bogotá. Su perfil financiero muestra un patrimonio líquido superior a los $1.429 millones. Tras su paso por la administración distrital, donde percibía ingresos de alta dirección, ha enfocado su gestión reciente en consolidar su candidatura nacional.
- Luis Enrique Abadía García: Actual jefe de unidad en la entidad y quien ha ocupado la dirección interina en múltiples ocasiones. Su perfil ha estado bajo observación técnica debido a variaciones en sus reportes de ingresos ante diferentes autoridades. Su patrimonio líquido registrado se sitúa cerca de los $395 millones.
- Karol González Mora: Una figura recurrente en estos procesos, habiendo integrado listas previas y contado con votos en plenaria. Su experiencia en la rama judicial como magistrada auxiliar se complementa con su labor social en una fundación. En su registro patrimonial destaca la propiedad de un lote en el condominio campestre Altos de la Laguna.
- Jorge Eliécer Laverde Vargas: Abogado con doctorado y múltiples especializaciones que actualmente ejerce como secretario de la Comisión Sexta del Senado. Su carrera ha estado estrechamente ligada al legislativo y a la Procuraduría, lo que le otorga un conocimiento profundo de la mecánica del poder en el Capitolio.
- Andrés Castro Franco: Desde su cargo como actual Auditor General de la Nación, Castro Franco aporta una visión externa del control fiscal. Su paso por la auditoría distrital de la capital lo posiciona como un estratega con amplia experiencia en la vigilancia de recursos públicos de gran escala.
- Ana Elena Monsalvo Herrera: Se destaca por su transparencia y la vigencia de sus contratos con el Estado, específicamente con Enterritorio, donde asesora en mercados de capitales. Sus activos inmobiliarios están diversificados en Bogotá, Chía y Cartagena. Ha declarado bajo juramento la inexistencia de conflictos de interés familiares.
- David Alonso Roa Salguero: Abogado con enfoque en derecho sancionatorio y constitucional. Además de su labor docente, lidera un instituto de estudios jurídicos. Su patrimonio incluye propiedades en cuatro departamentos, destacando activos en zonas exclusivas como Caujaral (Atlántico) y Bello Horizonte (Santa Marta).
- Érika Elizabeth Sabogal Castro: Representa la experiencia administrativa regional tras su paso por secretarías y gerencias en Cundinamarca. A pesar de reportar altos ingresos laborales, su patrimonio líquido es reducido debido a obligaciones financieras que igualan gran parte de sus activos en el norte de Bogotá.
- Elisina Ortega: Completa este grupo de finalistas con una trayectoria marcada por el rigor académico. Su perfil, aunque más discreto en el ámbito mediático, es considerado uno de los más técnicos de la baraja, aportando equilibrio a una lista que deberá someterse a la votación definitiva del Congreso pleno.
El próximo paso será la conformación de la lista paritaria de diez elegibles. El Congreso tendrá la responsabilidad de evaluar si estas trayectorias y realidades económicas garantizan la independencia necesaria para liderar el ente que debe vigilar cada peso de los colombianos durante los próximos cuatro años.
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