Lo que fue la elección de Carlos Camargo nos deja una reflexión esencial: la independencia del Congreso de la República, sea cual sea el gobierno, debe prevalecer. Esa autonomía, aunque cuestionada en múltiples momentos y puesta en duda por gran parte de la ciudadanía, constituye un pilar de la democracia. Lamentablemente, la historia política del país muestra congresos que han fungido más como notarios de la Casa de Nariño que como guardianes de la Constitución y representantes genuinos de los intereses de los colombianos, tanto en el ámbito departamental como en el nacional.
Lo sucedido esta semana es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. El gobierno, al promover a la candidata María Patricia Balanta, utilizó un discurso de estigmatización, victimización y presión hacia los congresistas. Una estrategia temeraria que resultó ser no solo equivocada, sino también contraproducente. Los votos depositados lo comprobaron: no hubo una elección reñida, no se trató de una disputa pareja ni de una oposición debilitada. Todo lo contrario.
Incluso con congresistas que, desconociendo la Ley Quinta del Congreso y lo advertido antes de la votación, fotografiaron sus papeletas para mostrarle al gobierno lealtad y esperar favores, puestos o contratos, el exdefensor Carlos Camargo recibió muchos más votos de los proyectados. Eso significa que incluso dentro de las filas oficialistas existió un rechazo a la candidatura, al método y a la manera en que se pretendió imponer a la doctora Balanta como magistrada de la Corte Constitucional.
Porque sí, las formas importan. No todo se resuelve a las patadas, ni con amenazas, ni con la lógica de “si no me das, te quito”. Lo que en principio era una candidatura impulsada por la Corte Suprema, y no se entiende por qué el Ejecutivo la convirtió en su ficha directa, terminó siendo politizada y distorsionada. Algo similar ocurrió con otro de los candidatos, Jaime Humberto Tobar Ordóñez, quien tenía buenos comentarios, pero cuya trayectoria quedó opacada. El país no lo conoció ni lo escuchó debido al clima de presión y politización que se cernió sobre la elección.
La lección es clara: el país no debería enfrentar elecciones de magistrados tan contaminadas políticamente. Lo que corresponde es que a estos cargos lleguen personas altamente preparadas, independientes, con verdadera disposición de cuidar e interpretar la Constitución de manera correcta y no con intereses políticos o personales. Lo ocurrido debe leerse como un mensaje positivo para la democracia, para el Estado de Derecho y para la separación de poderes.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue un grave error. La decisión colérica y reactiva de pedir inmediatamente la renuncia de los ministros, más allá de la calidad individual de estos, si eran buenos, regulares o malos, revela una crisis mayor: la inestabilidad ministerial. En menos de tres años, ya son más de 60 ministros y más de 127 viceministros los que han pasado por este gobierno. Una cifra preocupante.
Es lamentable porque, si bien los gobiernos suelen abrir participación a los partidos en distintas carteras, aunque este no sea un régimen parlamentario, la práctica se ha convertido en costumbre. Al menos debería hacerse con criterios éticos y profesionales: enviar a las mejores personas, a cuadros excepcionales, para garantizar políticas sostenibles de largo aliento. Pero lo que ha ocurrido es lo contrario: cada cambio significa arrancar de nuevo, apagar y prender políticas de manera improvisada. Y quien más se perjudica con esa dinámica es el país.
El presidente debería asumir que, si cambia a sus ministros cada pocos meses, no puede esperar que alguno logre interpretar con claridad y continuidad su visión de gobierno, algo que él mismo ha criticado. Si lo que busca es reprender a los partidos políticos, existen otras formas de pasar cuentas de cobro. Pero a un año de las elecciones, revolcar de nuevo su gabinete será más perjudicial para él y para la nación que para cualquier partido o persona en particular.
De ahí que el llamado sea directo: un poco de consideración y cabeza fría. Ni el presidente ni su ministro del Interior deberían perder de vista que con este tipo de decisiones no solo se afecta la gobernabilidad, sino que se compromete la estabilidad institucional del país.
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