La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional que deje en firme la Ley 2381 de 2024, que establece la nueva reforma pensional al sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, conocida como la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.
Este respaldo contrasta abiertamente con la postura asumida por la anterior procuradora, Margarita Cabello, quien en 2024 había advertido sobre múltiples irregularidades en el trámite de la ley y había pedido su declaratoria de inconstitucionalidad.
Panorama general: En el concepto N.º 7433, firmado por el procurador Eljach el 22 de abril de 2025 y dirigido a la Corte Constitucional, se reconoce que hubo cuestionamientos sobre el trámite legislativo de la ley —especialmente durante la sesión del 14 de junio de 2024 en la Cámara de Representantes— pero se considera que no son suficientes para declarar su inconstitucionalidad.
El despacho de Eljach defiende que, pese a que la reforma entra en vigor el 1 de julio de 2025, ya ha generado efectos jurídicos y expectativas legítimas entre millones de ciudadanos. En particular, subraya que más de 40.000 afiliados han trasladado sus fondos privados a Colpensiones bajo la “ventana de traslado” que contempla la reforma, configurando nuevos derechos adquiridos.
“Revertir esas operaciones podría augurar una litigiosidad de efectos impredecibles”, advierte el documento. Asimismo, la Procuraduría enfatiza que los fondos privados ya han hecho preparativos organizacionales y financieros frente al nuevo régimen.
Procuraduría defiende ante la Corte Constitucional la vigencia de la reforma pensional
Por qué es importante: El concepto también hace un llamado a la Corte para considerar la necesidad imperiosa de una reforma pensional estructural, en vista de la insostenibilidad financiera del régimen actual. “Todos los expertos, desde distintas orillas ideológicas, coinciden en afirmar la urgencia de la reforma”, señala el Ministerio Público.
Adicionalmente, destaca que la ley ha sembrado confianza y esperanza en millones de colombianos de bajos ingresos, quienes ven en este nuevo esquema una posibilidad real de apoyo económico en su vejez, situación que no cubre el modelo actual.
Esta posición representa un claro quiebre con el concepto emitido en 2024 por la exprocuradora Margarita Cabello, quien había cuestionado severamente el procedimiento legislativo de la ley 2381 y solicitado su nulidad. Su argumento se basaba en una presunta elusión del debate parlamentario, falta de deliberación sustantiva y desconocimiento del principio de progresividad de los derechos sociales.
En contraste, Eljach propone que, si la Corte detecta vicios de forma, opte por mecanismos de subsanación o declare efectos diferidos, permitiendo así al Congreso corregir errores sin afectar los derechos adquiridos por los ciudadanos bajo la ley vigente.
