De acuerdo con Moody’s, la decisión por parte de la Contraloría provocaría afectaciones en la calificación crediticia de Epm y también genera incertidumbre en la puesta en marcha del proyecto.
Por: Redacción 360 Radio
Después de que la Contraloría General de la Nación dictara medidas cautelares contra Integral S.A, por el detrimento patrimonial de 4 billones de pesos en el marco del proyecto hidroeléctrico Ituango, se conoció que otros contratistas podrían recibir también una notificación de embargo.
Frente a esto, volvieron a surgir las dudas sobre la fecha en la que la hidroeléctrica comenzará a generar energía para el departamento de Antioquia y otras regiones del país. Este aspecto tendría un efecto importante en la calificación crediticia de Epm.
“La orden de embargo a cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para EPM”, dijo al respecto la analista de Moody’s Investors Service, Roxanna Múñoz.
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Cabe mencionar que en febrero, la compañía recibió un comentario por parte de Moody’s, en el que la firma aseguraba que la calificación ‘BBB- con perspectiva negativa’ podría tardar hasta seis meses, por el grande estado de incertidumbre alrededor de la obra y su ya ajustado cronograma.
Aunque hasta el momento solamente Integral S.A. ha recibido una notificación de embargo a sus cuentas e inmuebles, se espera que la Contraloría General de la Nación tome acciones similares contra los demás contratistas: Consorcio CCC Ituango, Construções e Comércio Camargo Corrêa, Constructora Conconcreto S.A., Coninsa Ramón H S.A., el Consorcio Túneles Ituango, SAI Ingenieros y el Consorcio Ingetec-Sedic.
