La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) encendió el debate económico y jurídico tras el anuncio del Gobierno nacional sobre una eventual emergencia económica en Colombia. Su presidente, Frank Pearl, aseguró que el país no enfrenta una perturbación grave ni imprevista que habilite el uso de este mecanismo extraordinario contemplado en la Constitución.
ACP advierte que no hay una crisis que justifique una emergencia económica en Colombia
Según el dirigente gremial, el artículo 215 de la Constitución Política establece que la emergencia económica solo procede ante hechos sobrevinientes que alteren de forma grave, extraordinaria e inminente el orden económico, social o ecológico, una condición que afirma hoy no se cumple.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento se relaciona con la ley de financiamiento que impulsa el Ejecutivo. De acuerdo con la ACP, los cerca de 16 billones de pesos que se buscan recaudar equivalen a menos del 3 % del presupuesto proyectado para 2026, una cifra que, en su análisis, no representa una amenaza estructural para la estabilidad económica del país.
Pearl también alertó sobre el impacto institucional de recurrir a poderes excepcionales para resolver debates fiscales. “Las herramientas extraordinarias no deben utilizarse para sustituir la discusión democrática en el Congreso”, señaló, insistiendo en que los ajustes tributarios y presupuestales deben tramitarse por los canales ordinarios.
No existe hoy ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica.
El Artículo 215 de la Constitución exige una perturbación grave, extraordinaria e inminente del orden económico, social o ecológico, condición que no se cumple en este caso.…
— Frank Pearl (@FrankPearl) December 20, 2025
El gremio energético recalcó que la emergencia económica no puede convertirse en un atajo para corregir decisiones de política pública cuyos efectos eran previsibles dentro del ciclo fiscal. En ese sentido, subrayó que el uso indebido de esta figura podría debilitar la separación de poderes y generar incertidumbre jurídica.
El anuncio del Ministerio de Hacienda se da en medio de un entorno de estrechez fiscal, desaceleración económica y presión sobre los ingresos tributarios. No obstante, para la ACP, estos factores hacen parte de un contexto macroeconómico conocido y no constituyen, por sí solos, una crisis que amerite medidas excepcionales.
Finalmente, Frank Pearl hizo un llamado a preservar el Estado de Derecho y a respetar los límites constitucionales. De concretarse la declaratoria, el tema quedaría en manos de la Corte Constitucional, que deberá definir si la medida se ajusta a la Carta Magna.
