Antes de que el Gobierno haga oficial una eventual declaratoria de emergencia económica para cubrir un hueco fiscal estimado en 16,3 billones de pesos, el sector empresarial ya encendió las alertas. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, solicitó formalmente a la Corte Constitucional que evalúe la suspensión temporal de cualquier decreto que se expida en ese sentido, al considerar que no cumple con los requisitos exigidos por la Carta Política.
Panorama general:En una comunicación enviada al alto tribunal, el dirigente gremial sostuvo que el Ejecutivo no ha demostrado la existencia de una circunstancia extraordinaria que justifique el uso de poderes excepcionales. Según expuso, los argumentos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, entre ellos el mayor costo de la deuda pública, las obligaciones pendientes del sistema de salud, el riesgo en el pago de subsidios de energía, los problemas de caja y la reciente rebaja en la calificación crediticia, no corresponden a hechos imprevistos.
Para Mac Master, estas situaciones eran conocidas con antelación y se derivan, en buena medida, de decisiones de política fiscal adoptadas por la propia administración. “No se trata de eventos repentinos ni externos, sino de consecuencias previsibles de un manejo del gasto que hoy muestra sus límites”, señaló en su análisis dirigido a la Corte.
El líder de la Andi también cuestionó que el faltante presupuestal pueda interpretarse como una amenaza grave e inminente para la economía nacional. Recordó que el Presupuesto General de la Nación proyectado para 2026 asciende a 546 billones de pesos, mientras que el desfinanciamiento calculado por el Gobierno ronda los 16 billones, una cifra que equivale al 2,9 % del total.
Andi pide a la Corte frenar una eventual emergencia económica en Colombia por déficit fiscal
Por qué es importante: Desde esa óptica, advirtió que no existe una explicación suficiente que permita concluir que un déficit de esa proporción tenga la magnitud necesaria para alterar de forma sustancial el orden económico y habilitar una emergencia económica.
Otro de los puntos abordados en la carta fue el comportamiento de los ingresos tributarios. Aunque reconoció que los recaudos han estado por debajo de lo esperado, Mac Master afirmó que este resultado era previsible, debido a que las proyecciones iniciales habrían sobreestimado los ingresos y no incorporaron adecuadamente el impacto de las devoluciones de impuestos generadas por el aumento de las retenciones en la fuente impulsadas por el mismo Gobierno.
Ante este panorama, el presidente del gremio empresarial pidió a la Corte que, en caso de que se decrete un estado de excepción con fundamentos inconstitucionales, se considere la suspensión provisional de las normas para evitar daños irreversibles sobre los contribuyentes y la actividad económica.
Mac Master subrayó que, incluso si el decreto se expide durante el receso judicial, el alto tribunal cuenta con herramientas excepcionales para intervenir de manera oportuna, salvaguardar el orden constitucional y prevenir afectaciones graves en el corto plazo.
