La reciente decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de exigir a varias compañías información detallada sobre sus estructuras de costos y mecanismos de fijación de precios ha generado un fuerte rechazo en el sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional, encabezado por su presidenta Natalia Gutiérrez, advirtió que la medida no solo es riesgosa para la dinámica del mercado, sino que además podría ser inconstitucional.
Gutiérrez recordó que la Constitución establece límites claros frente a la intervención estatal en la actividad privada. “El Estado no puede coadministrar empresas privadas”, señaló, aludiendo al artículo 333, que protege la libertad económica y la reserva comercial. Según el dirigente gremial, la vigilancia de los mercados no implica exigir de manera preventiva información sobre cómo se fijan los precios o los márgenes de ganancia de las compañías.
Empresarios cuestionan facultades de la SIC para exigir información de fijación de precios
Panorama general: La presidenta del Consejo Gremial fue enfática en que el Estado sí tiene la facultad de investigar conductas ilegales específicas, pero no de solicitud de forma masiva la lógica interna de las políticas de precios, “como si todas las empresas fueran sospechosas”.
Para ella, fiscalizar cuánto gana una compañía o cómo definir sus estrategias comerciales sin indicios de irregularidad constituye una práctica inconstitucional. “El problema del mercado colombiano no es que las empresas obtengan ganancias, sino que el Estado no ejecuta”, puntualizó.
Respecto a la solicitud hecha por la @sicsuper a empresarios de distintos sectores, con el objetivo de conocer información de los parámetros que usan las compañías para fijar sus precios y/o adoptar políticas de descuentos, me permito hacer algunas precisiones. Abro hilo 🧵…
— Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 5, 2026
El pronunciamiento fue respaldado por otros gremios, entre ellos la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Su presidente, Bruce Mac Master, también se refirió al tema y subrayó que, aunque la SIC tiene la facultad de solicitar información a personas naturales o jurídicas, dicha potestad debe ejercerse dentro de los límites que marca la ley.
En un comunicado, la Andi advirtió que exigir este tipo de datos podría vulnerar derechos fundamentales como la libre empresa, además de comprometer la protección de secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales.
Por qué es importante: El gremio industrial agregó que no existe una norma específica que otorgue a la SIC la facultad de inspeccionar aspectos como los márgenes de ganancia o el uso de tecnologías en las empresas. En ese sentido, insistió en que cualquier acción de control debe estar sustentada en un marco legal claro y respetuoso de la autonomía empresarial.
El debate abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el sector privado, en un momento en que la confianza y la estabilidad institucional son claves para la competitividad del país. Mientras los gremios defienden la reserva empresarial como un pilar de la economía, la discusión sobre los alcances de la vigilancia estatal promete mantenerse en el centro de la agenda pública.
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