La más reciente reforma laboral en Colombia impone una nueva obligación para las empresas del país. De acuerdo con la Ley 2466 de 2025, aquellas que cuenten con hasta 500 empleados deberán contratar o mantener vinculados, al menos, dos trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores, como parte de la actualización al Código Sustantivo del Trabajo.
La medida, de aplicación inmediata, busca garantizar la estabilidad de poblaciones en condición de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, fomentar una mayor inclusión dentro del mercado laboral. Según lo aprobado en el Congreso, esta disposición aplica tanto para contrataciones nuevas como para los empleados que ya forman parte de las nóminas empresariales.
Empresas en Colombia deberán contratar trabajadores con discapacidad según la nueva reforma laboral
La norma hace parte del paquete de modificaciones que entró en vigor en julio de este año, el cual incluye ajustes en temas de contratación, estabilidad laboral, jornadas de trabajo, protección a la maternidad y reglas más estrictas para sectores que antes operaban con esquemas flexibles. El Gobierno ha defendido la reforma como un paso decisivo hacia la formalización laboral en un país donde la informalidad supera el 55 %.
Expertos señalan que la obligación de contratar trabajadores con discapacidad no solo amplía las oportunidades de empleo formal, sino que también ofrece acceso a beneficios como seguridad social, cesantías, primas, vacaciones y aportes a pensión y salud.
Reacciones y desafíos
Mientras que organizaciones sindicales celebraron la medida por considerarla un avance en inclusión y equidad, desde el sector empresarial han surgido advertencias sobre el posible aumento de costos operativos. Para muchas compañías medianas, cumplir con la exigencia implica reorganizar sus estructuras administrativas y financieras.
El impacto, sin embargo, será directo sobre los trabajadores, que contarán con mayor estabilidad y protección en sus contratos. Para las empresas, el reto consiste en adaptarse a la nueva normativa, pues el incumplimiento podría acarrear sanciones contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Con esta actualización, el Gobierno insiste en su apuesta por un mercado laboral más formal, inclusivo y estable, que reduzca la rotación y brinde mayores garantías tanto a empleados como a empleadores.