Faltando poco más de un mes para que termine el año 2025, los principales medios de comunicación y la atención mediática alrededor de uno de los temas más importantes del país —la mecánica política— terminan por obnubilar la discusión pública. Ese enfoque constante conduce a los ciudadanos al juego de las distinciones y de las fuerzas políticas a través de encuestas, intenciones de voto, escándalos que involucran al gobierno nacional, diferencias entre partidos e intrapartidistas —muchos aún no oficiales— que se dan entre precandidatos que buscan acomodar su visión y su proyección de cara a las próximas elecciones: hacia las consultas intrapartidistas que se acercan y hacia otras que ya están definidas.
Desde esa mecánica, los colombianos ingresan en la opinión pública tratando de ubicarse de acuerdo con las tendencias que se van marcando y con los argumentos preliminares de algunos candidatos: unos movidos por tendencias ideológicas y otros por emociones. Pero algo que sí es cierto es que esta ceguera preliminar —llamémosla así— bloquea la posibilidad de que los ciudadanos adopten una mirada sensata sobre las condiciones reales del país. Lo fáctico consiste justamente en comparar esa realidad escueta, llana y concreta con el ruido político que domina la conversación pública. Y, frente a ello, indistinto del candidato o candidata, indistinto de las discusiones o debates que hoy componen el argot público, persisten problemas de fondo y estructurales en el país.
Para este propósito, quiero referirme al problema silencioso de la crisis fiscal que enfrenta Colombia. Una crisis conocida a voces en el argot técnico, entre economistas y expertos que tratan de traducir esta información para que los colombianos en general la comprendan; pero el problema sigue siendo el mismo. Y las implicaciones de lo que se viene —si no encontramos una conjunción de idoneidad en la forma de manejar esta crisis fiscal— nos conducirán, desde luego, a un escenario complejo en términos tributarios.
De tal forma, los argumentos que quiero sostener aquí parten de una idea central: esta mecánica política desplaza la discusión sobre los principales problemas del país hacia el encantamiento seductor del propio juego político. Por ello, es necesario resaltar algunos datos fundamentales para entender cómo, en este gobierno, se ha hecho mella sobre los principales retos fiscales que tendrá Colombia en los próximos años, particularmente en el momento actual, marcado por la expansión del gasto y la ampliación presupuestal que ha puesto en vilo la estabilidad macroeconómica del país.
Uno de los puntos más importantes para comprender esta crisis es el aumento de los gastos por intereses, que ha generado una presión indudable sobre la inversión real de la nación, especialmente en lo relacionado con el servicio de la deuda y el incremento de las tasas aplicadas a esta. Según los datos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, este aumento significativo ha impulsado la deuda y ha reducido un espacio fiscal que ya era limitado. De acuerdo con dichos datos, en la última década el rubro de intereses pasó del 2,2% del PIB en 2014 al 4,4% en 2024, con una proyección del 4,6% para 2025, lo que representaría el nivel más alto desde que se tienen registros, tal como se cita en el informe presentado por el Comité Autónomo ante el Congreso de la República.
Estos efectos y presiones también se reflejan en el aumento de los intereses de la deuda interna. Para el PIB de 2025, por ejemplo, este rubro pasó del 1,9% al 2,9%, y se espera que llegue al 3,3%. De manera complementaria, el mismo equipo técnico ha señalado que, bajo las condiciones actuales, el 31% de los ingresos tributarios deberá destinarse al servicio de la deuda durante los años comprendidos por la ley de regla fiscal.
En la misma línea, el incremento de los intereses internos es evidente cuando se comparan periodos. Entre 2004 y 2014 este gasto representaba el 2% del PIB, mientras que para 2025 alcanzará el 3,3%, según las proyecciones disponibles. Incluso si miramos la cifra de 2024 frente al promedio de aquella década, vemos un aumento similar: del 2% al 2,9%.
Asimismo, el Comité Autónomo determina en su informe que, de cara al mediano plazo —es decir, para los años comprendidos entre 2026 y 2035—, el promedio de los intereses representará alrededor del 4% del PIB. Esto equivale a 0,4 puntos porcentuales por encima de lo proyectado por el Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Estas cifras prueban la evidencia del despilfarro de los recursos públicos por parte del Gobierno Nacional. Pese a dos reformas tributarias, el pago de los intereses asociados al servicio de la deuda está erosionando la capacidad de maniobra para la ejecución de proyectos de importante relevancia para el país, especialmente para enfrentar situaciones complejas de incertidumbre económica. Esta restricción se produce porque el incremento en el pago de intereses limita —de forma directa— la posibilidad de orientar recursos hacia inversión pública en la magnitud en que debería hacerse.
Debe recordarse que el crecimiento de los ingresos provenientes del recaudo tributario en Colombia, producto de las dos reformas que se llevaron a cabo, representó cerca del 4% del PIB para el año 2024. Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para compensar la presión creciente del servicio de la deuda.
Adicionalmente, el Marco Fiscal de Mediano Plazo muestra un incumplimiento en el balance primario neto estructural respecto de la regla fiscal. Según esta, dicho balance debía ubicarse en 0,9 puntos porcentuales del PIB en 2024, 0,6 en 2025 y 0,3 en 2026. Estas metas no corresponden con la progresión necesaria para garantizar una reducción sostenida del déficit fiscal. Todos estos datos provienen directamente del informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
En ese mismo orden, cuando se analiza el contexto internacional, la prima de riesgo de Colombia también presenta señales preocupantes. El CDS (credit default swap) a cinco años se ha mantenido rígido, lo cual se correlaciona con una percepción de desconfianza asociada al desorden fiscal y al gasto desmedido que ha caracterizado las recientes decisiones presupuestales, especialmente la ruptura de la regla fiscal frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para el año corriente y para 2026.
Según los datos del Informe de Política Monetaria correspondiente al tercer trimestre del Banco de la República, se estima un aumento en la prima de riesgo de 23 puntos básicos (pb), pasando de 232 a 255 de cara al año 2025. Este incremento refleja un deterioro acelerado en las expectativas de inversión extranjera directa, así como en las condiciones de financiamiento, entre otras consecuencias derivadas de la incertidumbre fiscal.
A ello se suma, además, el entorno internacional marcado por tensiones comerciales y la adopción de medidas arancelarias avanzadas por los Estados Unidos, junto con las consecuentes retaliaciones que se desprenden de los enfrentamientos verbales y actos simbólicos entre Donald Trump y Gustavo Petro. Este escenario incrementa la volatilidad y profundiza la vulnerabilidad de la economía colombiana frente a choques externos.
De esta manera, cuando analizamos en términos reales las cifras del Presupuesto General de la Nación para 2026, encontramos que la aprobación otorgada por el Congreso de la República asciende a 556,9 billones de pesos. Esto representa un incremento real de 31,1 billones de pesos frente al presupuesto del año actual, 2025, lo cual equivale a un aumento interanual del 5,9%.
Al poner la lupa sobre estos datos, y atendiendo a una nota explicativa del mismo presupuesto, se observa que el gasto primario establecido para 2026 corresponde a 454,5 billones de pesos. De este monto, una cifra particularmente llamativa —365,8 billones— se destina exclusivamente al funcionamiento del Estado. Esta proporción deja entrever, de manera concreta, las diferencias reales señaladas previamente y la crítica directa a la configuración de las partidas para 2026, que plantean numerosas preguntas sobre la administración juiciosa y financieramente responsable de los recursos públicos.
A su vez, se evidencia que solo 88,5 billones de pesos estarán destinados a la inversión, mientras que 100,25 billones —una cifra mayor que la inversión misma— se dirigirán al servicio de la deuda en Colombia. Según un análisis presentado por la Universidad Nacional de Colombia, este panorama global muestra la urgencia del rigor en la administración de los recursos públicos, el estado de marasmo en el que se encuentran las finanzas públicas frente a la deuda del fisco colombiano y la baja trascendencia que este problema tiene, en términos reales, para distintos actores económicos del país: empresarios, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como para la lectura que hacen las calificadoras de riesgo internacionales.
A ello se suma la creciente desconfianza de los empresarios para invertir en Colombia, la incertidumbre tributaria y la forma en que la administración deficiente de los recursos públicos se refleja en la inestabilidad política del país. Inestabilidad que, paradójicamente, no ocupa un lugar relevante en las discusiones de cara a las próximas elecciones, mientras los colombianos se entretienen con el comentario viral del candidato o candidata de turno.
Entre tanto, el bienestar de la ciudadanía se encuentra en juego, dadas las alzas tributarias que se anticipan y las posibles inestabilidades en variables como la inflación y otros fundamentales macroeconómicos que podrían impactar, incluso, al mercado laboral. Todo esto exige un Estado que actúe con rigor, juicio y responsabilidad para garantizar la estabilidad macroeconómica y la salud de las finanzas públicas.
Por: Andrés David Rico Salazar- @AndresDRico
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