Una fuerte controversia política se ha desatado en Colombia tras la firma de un memorando de entendimiento entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para establecer una “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo” en la frontera entre ambos países. Mientras el Gobierno nacional defiende la medida como una herramienta para impulsar el desarrollo regional, sectores de la oposición advierten que podría representar una cesión de soberanía.
¿Entregó Colombia su soberanía con la creación de la Zona Binacional con Venezuela?
Líderes políticos de oposición han cuestionado duramente el acuerdo. Alegan que este pacto le daría injerencia al gobierno venezolano en territorio colombiano, en especial en zonas sensibles marcadas por la presencia de grupos armados ilegales. Figuras como el expresidente Álvaro Uribe y senadores de oposición han calificado la zona binacional como una «entrega de la soberanía», alertando que podría facilitar el avance de mafias y estructuras criminales que operan en la región fronteriza.
Además, se ha cuestionado que el acuerdo no haya pasado por el Congreso de la República. Algunos juristas y precandidatos presidenciales han solicitado que se revise su legalidad, argumentando que al tratarse de un pacto con un Estado extranjero debería tener carácter de tratado internacional y, por tanto, requerir aprobación legislativa.
Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones de pérdida de soberanía. Asegura que el objetivo de la zona binacional es precisamente recuperar el control estatal sobre regiones que históricamente han estado abandonadas por el Estado colombiano, y que han sido dominadas por el crimen organizado y la economía ilegal.
Según el mandatario, la verdadera pérdida de soberanía se da cuando grupos armados, mafias o poderes paralelos ejercen control sobre la población, imponiendo miedo, corrupción y violencia. En su defensa, indicó que el acuerdo busca mejorar la cooperación binacional en temas como seguridad, energía, comercio, salud, educación, infraestructura y desarrollo agroindustrial.
La ministra de Comercio Exterior también destacó que esta estrategia busca dinamizar las economías regionales de departamentos como Norte de Santander, Cesar y La Guajira, junto con los estados venezolanos de Táchira y Zulia, mediante un modelo de integración y desarrollo conjunto.
¿Qué contempla el acuerdo?
El memorando firmado el 17 de julio de 2025 establece una hoja de ruta para la cooperación bilateral en sectores estratégicos como transporte, energía, turismo, petróleo, gas y seguridad fronteriza. Tiene una vigencia inicial de cinco años y contempla la posibilidad de extender su alcance a otros puntos de la frontera si los resultados son positivos.
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la implementación de planes conjuntos para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados, además de garantizar derechos sociales a las comunidades binacionales, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
Aunque el Gobierno asegura que no se ha renunciado a ninguna competencia nacional ni se ha cedido control territorial, el debate sigue abierto. Parlamentarios han anunciado debates de control político en el Congreso, mientras algunos sectores buscan interponer recursos legales para revisar el alcance y la constitucionalidad del acuerdo.
La discusión sobre la Zona Binacional se da en un contexto de relaciones históricamente complejas entre Colombia y Venezuela, y plantea interrogantes de fondo sobre cómo debe abordarse la seguridad y el desarrollo en zonas de frontera sin poner en riesgo los principios fundamentales de soberanía y autonomía nacional
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