EDITORIAL
EPM, que es la empresa insignia de los antioqueños, no puede caer en errores de gran calado que pongan en peligro su estabilidad y solidez, y que luego de ello no ocurra absolutamente nada, que no se busquen responsables, que no se causen las penas previamente establecidas a cualquier clase de error, omisión o incluso de algún delito. Esta histórica demanda de 9.9 billones de pesos por las supuestas fallas en la construcción de Hidroituango que va dirigida a constructores, diseñadores, interventores y aseguradoras del proyecto, no solamente se esperaba por parte de algunos sectores económicos y políticos de Antioquia y del país, sino que era el procedimiento correcto que la compañía tenía que hacer.
Recordemos que el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, fue el lado más incisivo y crítico del proyecto mientras que su contemporáneo y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, era quien buscaba blindar a la empresa y lograr una relativa estabilidad en medio de todo el desastre que significó esa contingencia.
EPM ha comunicado que esta conciliación que están buscando en primera instancia contempla que el consorcio diseñador Generación Ituango compuesta por Integral y Solingral S.A, el consorcio CCI integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H. y el consorcio interventor Ingetec Sedic, conocieron durante todo el proceso constructivo del proyecto que existían algunos problemas que no permitían cumplir a cabalidad el hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación y que todas las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron en el proyecto e incluso desde la misma empresa, trajeron consigo un riesgo que derivó en el colapso de la galería auxiliar de desviación GAD, y que obligó a gestionar todo lo que la opinión pública conoció: los riesgos ambientales, sociales y de infraestructura siniestrada al interior de todo el proyecto Hidorituango.
EPM también ha comunicado que tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades el detrimento sufrido en la obra que ellos estiman en 9.9 billones de pesos y en este proceso han tenido la asesoría de expertos de la empresa, de su equipo jurídico y de la firma especializada internacional Skava Consulting.
La compañía debe agotar todos los procesos y los requisitos de la conciliación con los involucrados que tardará tres meses y será hasta el 10 de noviembre. Si no hay una conciliación la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cabeza del Consejo de Estado será el que dirima esta controversia económica entre EPM y los socios.
Este martes se conoció una misiva de una parte de la Junta Directiva de EPM en la que manifiestan cierta molestia con el gerente de la compañía Álvaro Guillermo Rendón y con el mismo alcalde Daniel Quintero, porque no les están haciendo partícipes, según ellos. Un apartado de la carta, dice lo siguiente: «Los miembros de la Junta Directiva nos permitimos manifestar nuestra preocupación y malestar por la no discusión y análisis de temas relevantes en los que la Junta Directiva debería participar y no se le está teniendo en consideración. La toma de decisiones en temas como la ampliación del objeto social y decisiones jurídicas contra contratistas y compañías de seguros del proyecto hidroeléctrico Ituango en los que la administración no tuvo en consideración a la Junta Directiva. El querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones cuando en efecto no lo hizo».
La Junta Directiva tampoco puede estar por encima de EPM, la compañía está por encima de todos, inclusive por encima del mismo alcalde de Medellín. Lo que más preocupa de esta Junta Directiva son las personas que aún permanecen en ella y no han tenido mayores responsabilidades, no han tenido ni siquiera una comparecencia ante los medios donde especifiquen cuál fue su papel en la toma de decisiones, preocupa que en el año 2016, durante la administración de Federico Gutiérrez, ingresó Javier Jenaro Gutiérrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol, con bastantes cuestionamientos por obras como Reficar; en la administración de Aníbal Gaviria ingresó Manuel Santiago Mejía, uno de los miembros más pesados de toda la junta y al cual se pensó remover este año, pero algunas presiones no lo permitieron.
El otro nombre de la Junta Directiva que preocupa bastante en esta situación es el de Andrés Bernal Correa, quien llega en el año 2012 con la administración de Aníbal Gaviria. Preocupa por los papeles que estos miembros de la junta tienen en el sector privado, pues claramente son un conflicto de intereses que va en detrimento de la situación actual de Empresas Públicas de Medellín porque en esta demanda que plantea el Grupo EPM también están contempladas las compañías Seguros Generales Suramericana y Chubb Seguros. De tal manera que de los nuevos miembros de los cuales hace parte el alcalde de Medellín, quien nombra a cinco de forma directa y tres son vocales de control, también está la señora Elena Rico, quien ingresó en el año 2016, y que también luego de cinco años no se le ha conocido alguna intervención respecto a lo que conoció en la concepción del proyecto.
El alcalde Quintero ha manifestado que esta estrategia jurídica de EPM «tiene como único propósito proteger el patrimonio público que con tanto esfuerzo construyeron nuestros abuelos, adelante gerente», puntualiza el alcalde. Es claro que quienes firman esa carta por estar preocupados ante la supuesta exclusión en los debates tendrían que preguntarse los cuatro principales protagonistas que han estado en administraciones pasadas y que tienen intereses por ejemplo en compañías de seguros, si consideran pertinente y procedente que se les consultara a ellos de demandas en contra de compañías que tienen nexos con ellos. Y al alcalde Quintero, le hace falta quizá tener una Junta Directiva en la que confíe, a quien le pueda consultar esta clase de estrategias porque se entiende que cuando existen estos intereses de por medio de algunos miembros de la Junta Directiva, no se les podía ir a consultar dicho procedimiento.
Esperamos que la millonaria demanda de EPM contra todos los involucrados en este proyecto que ha tenido tantas dificultades prospere para bien de los antioqueños y que EPM esté siempre por encima de todos: del alcalde, de la Junta Directiva. También, que la compañía se mantenga pública, que se haga todo lo posible para que crezca y no se quede obsoleta en el tiempo, que siempre sea una empresa sólida. Que invierta en el futuro de Antioquia y del país.