El Consejo de Estado responsabilizó a las Empresas Públicas de Medellín de los desbordamientos de agua que afectaron al municipio antioqueño de San Rafael entre los años 1987 y 1996.
Por: Natalia Tangarife Salazar.
Las 108 familias que presentaron la denuncia al verse afectadas en siete ocasiones por el aumento del caudal del rio Guatapé, deberán ser indemnizadas por la empresa con el pago de más de 550 millones de pesos.
El tribunal falló a favor de los denunciantes quienes aseguran que los rebosamientos fueron ocasionados por los procesos de excavación y desgaste efectuados al momento de la construcción de la central hidroeléctrica por parte de EPM.
Según el Consejo de Estado, las familias deberán ser compensadas por las “enormes incomodidades” generadas por las inundaciones que conllevaron al desalojo de sus viviendas, lo que los convirtió en su momento en población desplazada. Además EPM deberá negociar las viviendas de los afectados y sustituirlas por otras ubicadas en lugares menos vulnerables.