Por: José David Name Cardozo
Con el retorno a las aulas de clase, regresaron también, ahora multiplicadas, las denuncias y quejas sobre las irregularidades del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Una política pública que ha sido mancillada, de manera sistemática, por la corrupción y las llamadas “mafias de la alimentación escolar”, que buscan enriquecerse a costa de la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país.
En medio de la grave crisis económica y social que se vive en Colombia, el PAE se ha convertido, para muchos menores en situación de pobreza, en la única posibilidad de acceder a un plato de comida durante el día. El fuerte deterioro de la seguridad alimentaria en las familias vulnerables está dejando aterradoras cifras como la registrada el mes pasado por el Instituto Nacional de Salud (INS), del fallecimiento de 29 niños menores de 5 años por causas asociadas a la desnutrición.
Al ser un programa creado, para además de suministrar un complemento alimentario, contribuir al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo y el bienestar de los estudiantes en los establecimientos educativos, el PAE debería, ahora más que nunca, estar cumpliendo al pie de la letra cada uno de sus propósitos. Sin embargo, la realidad en algunas regiones es otra.
Los escándalos de corrupción como los sobrecostos en los alimentos, el desvío de recursos, los incumplimientos de los operadores, la distribución de raciones en mal estado, entre muchas otras infamias, han rodeado al programa desde sus inicios. Cómo olvidar los aterradores hallazgos de la Contraloría General de la República en varias instituciones, donde encontraron desde roedores en los comedores escolares hasta comida en estado de descomposición.
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Las nuevas denuncias tampoco paran. En Cartagena, la semana pasada, 106 mil estudiantes en 205 Instituciones Educativas oficiales dejaron de recibir las raciones diarias, según los operadores porque están afectados debido al impacto de los altos precios de los alimentos. ¡Un descaro, con todo lo que se les paga!, ¿A caso no es este el momento en el que los estudiantes más necesitan del complemento nutricional?. Hechos cómo los mencionados deben ser castigados, de manera ejemplar, por parte de los entes de control.
En el balance de los resultados del Programa de Alimentación Escolar 2021, presentado por el Ministerio de Educación y la Contraloría, se identificó que al menos 35 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), de las 96 existentes en el país, incumplieron con el inicio oportuno para la prestación del servicio de alimentación escolar en el 2021. También, evidenciaron que en algunos municipios del país como: Malambo, Soledad, Valledupar, Pereira y Amazonas, no se llega ni al 50% en la cobertura. Una de las denuncias más frecuentes sobre el PAE.
Es urgente que se priorice la reglamentación de la recién sancionada Ley 2167 de 2021, que busca garantizar la prestación del servicio de alimentación durante todo el calendario académico, y que adicionalmente ordena a los entes territoriales respetar los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, para asegurar la disponibilidad de recursos.
Aun cuando el Gobierno Nacional desplegó, en medio de la pandemia, nuevas medidas para fortalecer y renovar el PAE, todavía persisten muchas problemáticas, la más grave de ellas: la corrupción. Por lo que hay que seguir combatiendo, sin descanso, este flagelo que está afectando irreversiblemente a nuestras niñas y niños en Colombia.