EDITORIAL
Tiene que ser absolutamente claro el mensaje que se infiere de la unión de criterios y conceptos entre empresarios, gremios, académicos y sector político, sobre el garrafal error que cometió el fiscal general, Francisco Barbosa, al llevar adelante una orden de captura en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.
En ningún momento, desde los estamentos anteriormente mencionados y tampoco lo será en el caso de este medio de comunicación que se suma a otros que han rechazado la captura del mandatario regional, buscar exculparlo de lo que se le acusa sin haber llevado adelante un proceso.
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Creemos fervientemente en que toda persona que sea sindicada de haber cometido alguna clase de delito o falta disciplinaria no solo debe ser investigada y permitírsele bajo el estricto respeto del derecho el debido proceso en su defensa, sino que la justicia tiene que proferir sentencia condenatoria o absolución con base en acervos probatorios reales, transparentes y ajustados a la ley.
No se puede condenar por ideología política, rencores personales o vendettas entre sectores económicos. Ahí se desnaturaliza el papel de la justicia y caemos en una vil selva donde prevalecerá la ley del más fuerte y de quien más posee y quién más malo puede ser.
Uno de los artículos de la Constitución Política de Colombia, que no se cumple, igual que muchos otros, es el artículo 29 que se refiere al debido proceso. Éste habla de que nadie podrá ser juzgado, sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante un juez o tribunal y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
También es conocido que el inciso cuarto del artículo 29 habla de que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Para adornar más este pastel, la fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, emitió la resolución 001 donde solicitaba a todos los fiscales que no adelantaran órdenes de captura sin que fuera estrictamente necesario, otra contradicción evidenciada que demuestra la desproporción en lo ejercido por la Fiscalía y que no cumple con los tres causales fundamentales para evitar esa orden de captura.
Aníbal Gaviria no es un peligro para la sociedad, no va a manipular 15 años después, pruebas de un proceso de larga data y no tiene manera de irse del país, menos cuando se es gobernador de Antioquia.
La directiva 001 señala que, «sólo en casos excepcionales y luego de que el fiscal de conocimiento haga una valoración exhaustiva, puede solicitarse medida de aseguramiento», sin embargo, a las pocas horas se dictó la orden captura en contra del gobernador por parte del fiscal Jorge Hernán Díaz Soto.
Todo tiene que ver con un contrato en el que el Aníbal Gaviria – como gobernador en el periodo 2004-2007 – delegó a la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, la celebración del contrato 2005-CO-20-335, firmado el 22 de diciembre del 2005 para el mejoramiento y la pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao, por $41.663 millones. Según los investigadores, el departamento hizo anticipos al consorcio Troncal de la Paz por un monto cercano a los $6.000 millones, sin que se aprobara la garantía que amparaba los riesgos.
Más allá de los conceptos técnicos que tendrán que ser debatidos en los tribunales y así lo ha confirmado el mismo Aníbal Gaviria, dónde invitó a reflexionar sobre la justicia y papel de la fiscalía en su manera de actuar, tenemos que ceñirnos a lo que conlleva esta decisión en medio de una pandemia.
Por ejemplo, nos sirve para hacer las siguientes preguntas y ojalá la fiscalía la respondiera: ¿por qué no se siguió el proceso con Aníbal Gaviria en libertad donde se pueda defender mientras ejerce su cargo, tal y como se venía haciendo?, ¿tenían pruebas de que Aníbal Gaviria se iba a volar del país?, ¿considera la Fiscalía que Aníbal Gaviria es un peligro para la sociedad?, ¿consideran que Aníbal Gaviria estaba manipulando pruebas y testigos a su favor?
Si es el caso que la Fiscalía procediese con la orden de captura en aras de tener una sentencia condenatoria, uno entendería la situación y la inminente y rápida decisión de apartarlo de su cargo, pero no se puede condenar a Antioquia para que esté acéfala en su administración departamental mientras la justicia sigue investigando y donde no hay términos medios, el tiempo pasa bastante rápido y la justicia en Colombia es demasiado lenta.
Quizá en otros 15 o 20 años terminen absolviendo o condenando a Aníbal Gaviria, habiendo generado un gran terremoto y un desequilibrio en el departamento cuando más necesitaban a un gobernador que fue elegido legítimamente el pasado mes de octubre el 2019.
Queremos pensar que esto no se trata de una vendetta política o una actuación desproporcionada para afectar al departamento en medio del manejo de la pandemia. Le pedimos al Gobierno Nacional que mida muy bien sus actuaciones, sus pasos y que se ande con cuidado porque ya ha podido observar que en Antioquia esta decisión no ha caído bien y las relaciones ahora no pasan por su mejor momento.
Delegar un gobernador encargado que nada tiene que ver con Antioquia, que no nació en el departamento, que no lo conoce y que ha vivido más por fuera que dentro, no podría ser más que otra cachetada, ataque y signo de desunión entre el departamento que le aportó más votos el presidente Iván Duque, y que hoy, lastimosamente, no se ve representado en ninguna de las actuaciones del gobierno.