Escándalo de espionaje: exfiscal Francisco Barbosa denunciará seguimientos ilegales

El exjefe del ente investigador acudirá este lunes a la Fiscalía para exigir celeridad en la indagación sobre escuchas clandestinas ocurridas durante su administración.

Foto: Redes sociales

El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, llevará este lunes 5 de octubre ante la justicia un escándalo de presunto espionaje. A través de un pronunciamiento oficial emitido por medio de su firma legal y su cuenta personal en la red social X, Barbosa anunció que interpondrá una denuncia penal formal en la Fiscalía General de la Nación tras revelarse informaciones sobre seguimientos, escuchas y perfilamientos ilegales que lo habrían tenido como blanco durante su administración.

Panorama general: Las alertas sobre estas presuntas operaciones clandestinas surgieron a raíz de publicaciones periodísticas recientes basadas en revelaciones de una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Ante este panorama, el ex jefe del ente investigador advirtió que la acción judicial no distinguirá cargos ni jerarquías, pues estará dirigida contra todos aquellos que resulten determinantes como autores intelectuales, ejecutores, encubridores o receptores de los productos de dicha inteligencia paralela.

El núcleo de la denuncia apunta a una grave anomalía institucional: el presunto desvío de las capacidades de inteligencia del Estado para vigilar de cerca a quien lideraba la Fiscalía General de la Nación, precisamente en un momento coyuntural en el que el organismo adelantaba investigaciones contra círculos cercanos al entonces presidente Gustavo Petro.

«Si los hechos se confirman, constituirían uno de los ataques más graves contra la independencia de la justicia en la historia reciente del país», aseveró Barbosa en el comunicado, calificando la presunta maniobra como un intento deliberado por neutralizar e intimidar el aparato judicial.

Francisco Barbosa emprende acciones legales por seguimientos e inteligencia ilegal

Francisco Barbosa emprende acciones legales por seguimientos e inteligencia ilegal

Asimismo, el jurista enfatizó los límites estrictos que marca el ordenamiento jurídico colombiano. Recordó que ninguna autoridad de carácter administrativo o de inteligencia posee la facultad legal para intervenir comunicaciones sin el aval previo de una orden judicial, un principio fundamental blindado tanto por el artículo 15 de la Constitución Política como por la Ley 1621 de 2013, que regula las actividades de inteligencia y contrainteligencia.

«Hacer seguimientos y perfilamientos con fines políticos es una práctica propia de regímenes autoritarios y no tiene cabida en un Estado de derecho», sentenció.

De cara al proceso que iniciará formalmente este lunes, Barbosa hizo un llamado urgente para que el ente acusador actúe sin dilaciones. «Pediré a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor celeridad, para que el tiempo no borre las huellas criminales», manifestó.

En paralelo, adelantó que presentará solicitudes formales ante la Uiaf y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En estas requerirá la entrega de cualquier registro, orden de trabajo u hoja de información que exista sobre su persona, exigiendo además la depuración de dichos expedientes y la custodia estricta de las evidencias físicas y digitales para garantizar que no sean alteradas o destruidas.

Por qué es importante: El caso, que promete agitar el debate político y jurídico en el país, también salpica a otros funcionarios clave de la administración judicial anterior. Frente a esto, el exfiscal general extendió su respaldo público a la exvicefiscal Martha Mancera y a los demás ciudadanos que, según las revelaciones divulgadas, habrían sufrido persecuciones similares.

«La sociedad colombiana merece conocer la verdad completa», recalcó Barbosa, cerrando su declaración con una reivindicación de su trayectoria y su postura actual: «Defendí la independencia de la justicia como Fiscal General y lo seguiré haciendo como ciudadano. Las instituciones del Estado no pueden ser instrumento de persecución política. Quienes las usaron para ese fin deben responder ante la justicia».

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