¿Cual es el contexto?: El manejo de los servicios funerarios financiados con recursos públicos en Bogotá acaba de sufrir un duro golpe institucional. La Contraloría de Bogotá dictó un fallo de responsabilidad fiscal en primera instancia contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., firma privada que estuvo al frente de la administración de los cuatro cementerios de propiedad del Distrito. De acuerdo con el organismo fiscalizador, la gestión del contratista provocó una afectación a las arcas de la ciudad que asciende exactamente a los $7.512.777.525 de pesos.
El dictamen, consignado formalmente en el fallo número 06 del 12 de mayo de 2026, pone bajo la lupa la ejecución del contrato de concesión 415 firmado en el año 2021. Este acuerdo se selló originalmente entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y el mencionado operador con el objetivo de gestionar, mantener y operar los camposantos Central, Norte, Sur y Serafín.
Contraloría de Bogotá declara la responsabilidad fiscal de Jardines de Luz y Paz por más de $7.512 millones
Las indagaciones adelantadas por la Dirección de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá destaparon serias anomalías en la recolección, centralización y custodia del dinero que pagaban los ciudadanos por servicios de cremación, exhumación e inhumación. El hallazgo más crítico se concentra en el flujo de dinero en efectivo.
No obstante, en lugar de ser consignados y resguardados en las cuentas fiduciarias oficiales pactadas de forma obligatoria en las cláusulas del contrato, estos montos millonarios tomaron un rumbo desconocido. Adicionalmente, el ente de control constató que otra parte sustancial de las ganancias derivadas de la operación fue depositada y movilizada en cuentas bancarias comerciales que carecían de cualquier tipo de autorización contractual o supervisión por parte de la alcaldía.
Daniel Camilo Castilla, director técnico de Servicios Públicos de la Contraloría de Bogotá, fue enfático en señalar que el tratamiento de las rentas públicas demanda un acatamiento irrestricto de las normas de transparencia. El funcionario recalcó que la meta principal de esta determinación jurídica es proteger el erario de los bogotanos y resarcir el daño económico causado a la infraestructura social de la ciudad.
Debido a la gravedad de los hallazgos y a la posibilidad de que se hayan configurado delitos contra la administración pública, la Contraloría general de la ciudad ordenó compulsar copias de todo el expediente a la Fiscalía General de la Nación. Será la justicia penal la encargada de determinar si existieron conductas delictivas como el peculado o el fraude por parte de los directivos de la firma privada.
Al tratarse de una resolución proferida en primera instancia, el consorcio empresarial investigado todavía cuenta con los recursos legales contemplados en la ley colombiana para apelar la decisión ante las instancias superiores del propio órgano de control fiscal, antes de que el fallo quede en firme de manera definitiva.
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