Por: Rudolf Hommes
La revelación más importante que ha surgido de las entrevistas a alcaldes que han llevado a cabo varios medios como resultado del escándalo promovido por el artículo de Daniel Coronell en ‘Semana’ contra el ministro de Hacienda es la precariedad e insostenibilidad de las finanzas de los municipios pequeños y medianos.
Hay necesidad urgente de solucionar ese problema y crear una agencia que supervise la gestión administrativa y financiera de los municipios y tenga autoridad para intervenirlos cuando la administración municipal falle por imprudencia, negligencia, ineptitud o corrupción.
El principal problema –también es el de la Nación– es que a muchos de los alcaldes les quedan grandes sus municipios porque no cuentan con los recursos financieros y humanos para responder por sus obligaciones y atender las necesidades básicas de sus poblaciones.
Cuando se reformó la Constitución y se descentralizaron las administraciones locales se les dio autonomía y se les asignaron recursos cedidos por la Nación y responsabilidades. Se estableció que los recursos cedidos financiaran el gasto en salud, educación y otras necesidades básicas, incluidos el agua potable y el alcantarillado.
Posteriormente, el Gobierno central no dejó que los gobiernos locales hicieran el esfuerzo de asumir plenamente esas responsabilidades y estableció mecanismos de corte clientelista para financiar parcialmente esos mismos servicios y necesidades. No se crearon fuentes de recursos adecuadas que hicieran posible cumplir autónomamente con las responsabilidades que surgieron de la cesión de recursos. La reforma tributaria para los gobiernos locales que se tuvo que archivar en 1994 por falta de apoyo político nunca les volvió a interesar a los gobiernos y no se llevó a cabo.
La decisión de permitirles pignorar los recursos cedidos y obtener financiación para esos mismos fines se le atribuye a Carrasquilla, pero no fue aprobada durante su gestión, sino en la de su sucesor. Él tuvo que haber estado de acuerdo con las bondades de esa reforma y debió pensar que tenía sentido porque facilitaba que los municipios se endeudaran para financiar inversiones en las áreas de su responsabilidad.
Esto hizo posible que emprendieran obras necesarias, y algunos de ellos invirtieron en agua y alcantarillado, como se esperaba. Pero nadie pensó en solucionarles el problema de fondo de insuficiencia de recursos. En el gobierno siguiente se refinanciaron estas deudas y se les dio algún alivio al asumir Findeter esa financiación, pero no se emprendió la reforma que se necesita de las finanzas municipales.
Es urgente que esta se haga ahora, porque el verdadero escándalo es que nunca más se ha intentado emprenderla, aunque siempre ha sido evidente que se necesita. Por ejemplo, si se actualiza el catastro en todos los municipios que lo necesitan con una metodología que permita hacerlo en relativo poco tiempo a un costo razonable, como la que utiliza el catastro en Holanda, y se actualizan los avalúos catastrales, se crearía una bonanza tributaria para los municipios y un alivio significativo a las finanzas del Gobierno Nacional.
Lo otro que no es tan evidente es que los promotores de la campaña anticorrupción que están pensando en apoyar una moción de censura contra Carrasquilla pueden estarles haciendo el juego a los sectores más clientelistas del Congreso que quieren aprovechar esto para obligar al Gobierno a ceder en la posición, que hasta ahora ha sostenido valerosamente, de negarse a repartir ‘mermelada’ y puestos a cambio de apoyo político. Si el Gobierno no cede en este frente y mantiene su decisión, puede estar dando el paso más importante en contra de la corrupción en el sector público. No tiene sentido poner esto en peligro.