lunes, junio 5, 2023
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    Procuraduría confirmó suspensión de gobernador de San Andrés por corrupción

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    Por: Redacción 360 Radio


    La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por un periodo de diez meses al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, por un caso de corrupción.

    El Ministerio Público explicó que Housni Jaller es señalado de unas irregularidades detrás de la contratación del Grenn Moon Festival 2016, una tradicional celebración que se lleva a cabo en el archipiélago.

    LEER TAMBIÉN: San Andrés fue escogida como una de las mejores cinco islas de América

    Las investigaciones sostienen que el gobernador habría contratado la realización de este festival con un convenio por $1.500 millones de pesos con la Cámara de Comercio de San Andrés. La Procuraduría pudo establecer que la organización subcontrató el objeto del contrato, lo que demostraría que esta carecía de la idoneidad técnica y administrativa para ejecutarlo.

    El gobernador afronta otro lío judicial, ya que anteriormente llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación porque aceptó ser parte de un grupo de contratistas y funcionarios que desviaron recursos públicos para su beneficio personal.

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    La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión por un periodo de diez meses al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, por un caso de corrupción.

    El Ministerio Público explicó que Housni Jaller es señalado de unas irregularidades detrás de la contratación del Grenn Moon Festival 2016, una tradicional celebración que se lleva a cabo en el archipiélago.

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    Las investigaciones sostienen que el gobernador habría contratado la realización de este festival con un convenio por $1.500 millones de pesos con la Cámara de Comercio de San Andrés. La Procuraduría pudo establecer que la organización subcontrató el objeto del contrato, lo que demostraría que esta carecía de la idoneidad técnica y administrativa para ejecutarlo.

    El gobernador afronta otro lío judicial, ya que anteriormente llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación porque aceptó ser parte de un grupo de contratistas y funcionarios que desviaron recursos públicos para su beneficio personal.

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