Por primera vez en la historia reciente de Colombia, un expresidente ha sido declarado culpable en un juicio penal. La jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, encontró responsable a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, en un proceso que sacudió la esfera política y jurídica del país.
La sentencia condenatoria aún no tiene una pena definida, pero según juristas consultados, Uribe podría enfrentar entre 6 y 12 años de prisión, dependiendo de cómo se acumulen los delitos y del criterio que adopte el tribunal en la etapa de individualización de la pena.
El Código Penal colombiano es claro frente a las conductas por las cuales fue hallado culpable el exmandatario:
Fraude procesal (artículo 453): contempla una pena de 6 a 12 años de prisión, más multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Soborno en actuación penal (artículo 444A): castiga con 6 a 12 años de cárcel, inhabilidad para ejercer funciones públicas y sanciones económicas adicionales.
Aunque ambos delitos tienen penas similares, si el juez considera que hubo un concurso de conductas punibles, la pena podría acercarse al máximo legal: hasta 12 años en prisión.
¿Cuál sería la condena concreta para Uribe por fraude procesal?
Dado que Álvaro Uribe no tiene antecedentes penales y que los delitos no implican violencia ni reincidencia, abogados penalistas consideran que lo más probable es que se le imponga una pena cercana a los 6 u 8 años. Incluso, si se cumplen ciertos requisitos, podría acceder a prisión domiciliaria, como lo prevé el sistema penitenciario para condenados mayores de 65 años sin peligro para la sociedad.
Si el juez considera que los delitos fueron independientes y merecen una acumulación de penas, podría imponerse una condena de hasta 12 años, sobre todo si se valoran agravantes como el uso del poder político o la reiteración de la conducta durante varios años.
El equipo jurídico de Uribe ya anunció que apelará la decisión. El caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que deberá revisar la legalidad y solidez del fallo. Si se confirma la condena, aún quedaría abierta la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante recurso extraordinario de casación.
En paralelo, sectores afines al expresidente han denunciado una supuesta «persecución política», mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que este fallo es un hito en la lucha contra la impunidad en Colombia.