Estado colombiano continuaría siendo fallido si fracasa en proveer servicios básicos a nivel local.
Por: Rudolf Hommes
En respuesta a una propuesta que hice de dotar las administraciones locales con recursos financieros y humanos para que puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales, un lector me escribió que de lo que se trata es de modernizar el Estado colombiano, no solo a nivel del Gobierno central sino local; y que “en todas las estructuras de la Administración deben existir técnicos cualificados que sepan tomar decisiones técnicas correctas (con la menor influencia posible de los vaivenes políticos), y, por otro lado, el pueblo debe salir de esa situación de entender que las cosas solo pueden ser así y pedir responsabilidades a sus gobernantes que (gastan) sus impuestos”.
En la reciente atención que les dieron los medios a las administraciones municipales, fue evidente que carecen de ambos recursos para llevar a cabo una gestión por lo menos razonable y que nadie ronda a los alcaldes por no sentirse las comunidades empoderadas para hacerlo. Esta es una situación que hace fallar al Estado en sus raíces por no ser capaz de proveer seguridad, justicia, educación, salud y servicios básicos en forma efectiva. El Estado colombiano continuaría siendo fallido si fracasa en proveer servicios básicos a nivel local.
Estamos en mora de reconocer esta realidad y de tomar medidas para corregirla, en especial cuando se encara una delicada situación fiscal que probablemente hace necesario recurrir a una reforma tributaria (“ley de financiamiento” en poslenguaje, la neolengua oficial). Esta reforma debería incluir la de las finanzas e impuestos locales. También es necesario crear y poner a funcionar una superintendencia de gestión administrativa y financiera de los gobiernos locales que pueda asumir la administración de municipios y departamentos sujetos a malos gobiernos.
Tanto en las administraciones locales como en el Gobierno Nacional, hay que tratar de minimizar la participación del clientelismo político, que se nutre del Estado de manera indebida e improductiva y es la principal fuente de corrupción en el Gobierno. Al mismo tiempo, es necesario combatir el sesgo anticapitalista y antiempresarial que está enquistado en la administración pública, muy especialmente en las superintendencias y entidades de control.
De ellas ha emanado además una visión excesivamente estrecha y exótica de lo que es el patrimonio público y de la responsabilidad de los funcionarios públicos, en especial de los llamados ‘mandos medios’, de preservarlo y defenderlo aun cuando implique incumplimiento de contratos o sea evidente que se obtiene un menor beneficio. Debiera imponerse una que tenga en cuenta además el desarrollo económico y social, la competitividad del país y la seguridad jurídica. Esas decisiones, cuando hay conflicto entre el criterio fiscalista y el de desarrollo económico, deben resolverse en instancias superiores. Hoy, los funcionarios medios, a veces por razones ‘non sanctas’, insisten en hacer prevalecer su criterio apoyándose en las entidades de control y amenazan con el posible detrimento patrimonial, aun cuando hay otras interpretaciones jurídicas válidas, y paralizan proyectos o imponen decisiones subóptimas o interesadas.
Ahora que se están posesionando los nuevos funcionarios, se debería resolver esto y llegar a soluciones que dejen crecer la economía, funcionar el Estado y les den confianza a los que toman decisiones en el Gobierno y las empresas.