El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional y crea un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los países que vendan o faciliten petróleo al régimen cubano, incluso de manera indirecta. La decisión, según la Casa Blanca, busca proteger la seguridad nacional y la política exterior estadounidense frente a lo que considera acciones “malignas” del gobierno de La Habana.
La medida establece un sistema flexible de aranceles que permitirá a Washington aumentar los gravámenes a las importaciones provenientes de países que mantengan vínculos energéticos con Cuba. La orden faculta al Departamento de Estado y al Departamento de Comercio para emitir normas, lineamientos y decisiones operativas que permitan aplicar estas sanciones comerciales de forma gradual o inmediata, dependiendo del caso.
Desde la administración Trump se subraya que el objetivo no es únicamente económico, sino geopolítico. El documento sostiene que el régimen cubano utiliza el respaldo energético externo para sostener políticas que, a juicio de Estados Unidos, alimentan la inestabilidad regional y amenazan directamente los intereses norteamericanos.
¿Por qué Estados Unidos impulsa aranceles contra países que colaboren con Cuba?
La Casa Blanca argumenta que Cuba mantiene alianzas estratégicas con países y actores considerados hostiles por Washington. Entre los señalamientos más delicados está la presencia en la isla de infraestructura de inteligencia extranjera, incluida la que sería la mayor instalación rusa de interceptación de señales fuera de su territorio, enfocada en recopilar información sensible de Estados Unidos.
Además, el gobierno estadounidense acusa a Cuba de ofrecer refugio a organizaciones calificadas como terroristas, entre ellas Hezbollah y Hamas, y de servir como plataforma de apoyo para actores adversarios en el hemisferio occidental. Estas acciones, sostiene el Ejecutivo, socavan los regímenes de sanciones internacionales y debilitan la estabilidad regional.
El documento también denuncia violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de la isla. Según Washington, el régimen persigue y tortura a opositores políticos, restringe la libertad de prensa y expresión, y se beneficia económicamente del control estatal mientras la población enfrenta una profunda crisis social y económica. Para la administración Trump, este conjunto de factores constituye una “amenaza inusual y extraordinaria” que justifica la adopción de medidas excepcionales.
La orden ejecutiva contempla, no obstante, la posibilidad de modificar o suspender los aranceles si Cuba o los países afectados adoptan “medidas significativas” que se alineen con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
Esta decisión se inscribe en una línea dura que Trump ha defendido desde su primer mandato. Entonces, revirtió el acercamiento impulsado durante el gobierno de Barack Obama, al considerar que no produjo reformas reales en Cuba. Más recientemente, en junio de 2025, su administración impuso restricciones parciales de viaje a ciudadanos cubanos y firmó un memorando de seguridad nacional para reforzar la política hacia la isla.
Para la Casa Blanca, la señal es clara: Estados Unidos está dispuesto a usar el comercio como herramienta de presión política y estratégica, y los países que mantengan vínculos clave con el régimen cubano podrían enfrentar consecuencias económicas directas en el mercado estadounidense.
