El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), emitió recientemente un pronunciamiento sobre la situación de los cultivos ilícitos en Colombia y la efectividad de las políticas antidrogas implementadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Estados Unidos: el impacto del narcotráfico en Colombia: aumento de cultivos de coca y la respuesta internacional
El comunicado del departamento de Estado de los Estados Unidos, enfatizó la necesidad de avances inmediatos y tangibles en la erradicación de cultivos de coca, considerando el récord histórico alcanzado en las hectáreas sembradas.
Según el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, Colombia registró un incremento del 10% en las áreas cultivadas con coca, alcanzando las 253.000 hectáreas. Este aumento representa 23.000 hectáreas más que en 2022.
Además, la producción potencial de clorhidrato de cocaína pura experimentó un alarmante incremento del 53%, situándose en 2.664 toneladas, en comparación con las 1.738 toneladas del año anterior. Este crecimiento se concentró en 16 de los 19 departamentos afectados, destacándose Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander como las regiones más impactadas.
Colombia’s National Drug Policy has admirable goals, but it is time to see results. @infopresidencia, given record coca cultivation, there needs to be immediate and tangible progress on eradication, for the benefit and safety of both our nations.
La Política Nacional de Drogas… https://t.co/8irZZ0JYGi
— US Dept of State INL (@StateINL) March 20, 2025
La expansión de los cultivos de coca no solo representa un desafío para las políticas de seguridad y salud pública, sino que también tiene consecuencias ambientales significativas.
La deforestación en áreas de alta biodiversidad, como parques nacionales y reservas indígenas, se ha visto exacerbada por la conversión de tierras para el cultivo de coca. Además, la utilización de químicos nocivos en el procesamiento de la hoja de coca contamina suelos y fuentes hídricas, afectando a comunidades locales y ecosistemas sensibles.
La administración del presidente Gustavo Petro ha promovido la Política Nacional de Drogas, titulada «Sembrando vida, desterramos el narcotráfico», que busca abordar el problema desde una perspectiva integral.
Esta estrategia se centra en ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades rurales involucradas en la producción de cultivos ilícitos, fortaleciendo la presencia del Estado y promoviendo el desarrollo social en estas regiones. El gobierno colombiano ha destacado que, en 2024, se logró un récord histórico en la interdicción de cocaína, con un aumento del 14% en comparación con 2023, así como un incremento en la incautación de precursores químicos.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos ha instado a Colombia a acelerar la implementación de esta política y a intensificar los esfuerzos de erradicación. El Departamento de Estado ha subrayado que, para garantizar la seguridad y el bienestar de ambas naciones, es crucial que se logren avances inmediatos y tangibles en la reducción de los cultivos de coca.
Este llamado refleja la preocupación compartida por el impacto del narcotráfico en la estabilidad regional y la salud pública.
La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico ha sido histórica y robusta. Ambos países han colaborado en múltiples frentes, desde operaciones conjuntas de interdicción hasta programas de desarrollo alternativo.
El Plan de Acción Conjunto de Seguridad Regional (USCAP, por sus siglas en inglés) ha sido destacado como una de las iniciativas más prometedoras en la cooperación regional, fortaleciendo las capacidades de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
Sin embargo, las recientes declaraciones del presidente Petro han generado controversia. En una intervención pública, el mandatario comparó la peligrosidad de la cocaína con la del whisky y abogó por su legalización a nivel mundial, argumentando que las políticas tradicionales antidrogas han fracasado.
Estas afirmaciones podrían tensar las relaciones con Estados Unidos, especialmente en un momento en que se busca una colaboración estrecha para enfrentar el incremento en la producción de cocaína.
Además, la designación del Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia, como organización terrorista por parte de Estados Unidos, añade una capa de complejidad a las negociaciones de paz que el gobierno colombiano adelanta con este grupo. Esta clasificación implica sanciones económicas y un enfoque más agresivo en su desarticulación, lo que podría obstaculizar los esfuerzos de paz en curso.
La situación actual de los cultivos de coca en Colombia y la respuesta internacional subrayan la urgencia de implementar estrategias efectivas y sostenibles. La colaboración entre Colombia y Estados Unidos sigue siendo fundamental para abordar este desafío multifacético que afecta la seguridad, la salud pública y el medio ambiente en la región.
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