La Gobernación de Antioquia avanza en el recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La factura correspondiente al segundo trimestre del año (abril, mayo y junio) ya fue enviada a comercios, industrias, entidades oficiales y hogares de los estratos 4, 5 y 6. La fecha límite de pago es el 17 de septiembre.
Gracias al aporte de los contribuyentes que han cumplido con esta obligación, la Administración Departamental entregó 49 camionetas al Ejército y la Policía, además de 500 morrales para soldados de la Séptima División. En los próximos días se sumarán nuevos equipos como cascos balísticos, chalecos antibalas, botas de combate, motocicletas, camionetas blindadas, radios, drones, antidrones, botes y sistemas GPS.
De igual manera, la Gobernación firmó un contrato para el mejoramiento, adecuación y construcción de infraestructura destinada al Ejército y la Policía. Durante este año se invertirán más de 10.000 millones de pesos en la adecuación de 25 estaciones de Policía y en los estudios, diseños y construcción de la guardia principal del Batallón del Ejército en San Carlos.
La tasa de seguridad, clave para dotación e infraestructura del Ejército y Policía
La ciudadanía puede realizar el pago de la factura en la página www.antioquia.gov.co, así como en oficinas y corresponsales bancarios de Bancolombia y Banco de Occidente. El pago es obligatorio y el incumplimiento genera intereses de mora y cobro coactivo.
¿Para qué es el cobro de una tasa de seguridad?
La Tasa de Seguridad y Convivencia es un tributo que cobran algunos departamentos y municipios en Colombia para financiar recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.
En el caso de Antioquia, por ejemplo, lo recaudado se invierte en:
Dotación de la Fuerza Pública: compra de vehículos, motocicletas, chalecos antibalas, cascos, radios, drones, cámaras de vigilancia, entre otros equipos.
Infraestructura de seguridad: construcción, adecuación y mantenimiento de estaciones de Policía, batallones y centros de comando.
Tecnología y logística: sistemas de comunicación, software de inteligencia, equipos de monitoreo y control.
Apoyo a la convivencia ciudadana: programas de prevención del delito, fortalecimiento comunitario y promoción de la cultura de la legalidad.
En resumen, es un cobro obligatorio que busca fortalecer las capacidades del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar la tranquilidad en los territorios.
La Tasa de Seguridad es un aporte obligatorio que permite financiar acciones para proteger a la ciudadanía. Gracias a este recaudo se fortalecen la Policía y el Ejército con vehículos, equipos, tecnología y adecuación de estaciones, además de apoyar programas de prevención del delito y convivencia.
En pocas palabras: es un recurso para mejorar la seguridad en los municipios y garantizar más tranquilidad para todos.
La seguridad en Antioquia
Es un tema amplio y de gran relevancia, porque el departamento combina realidades muy distintas: grandes centros urbanos como Medellín y municipios intermedios dinámicos, junto a extensas zonas rurales que históricamente han enfrentado presencia de grupos armados ilegales.
Contexto actual
Medellín y el Valle de Aburrá: aunque la tasa de homicidios ha disminuido frente a los años más violentos, aún persisten problemáticas como las confrontaciones entre grupos delincuenciales, extorsión y microtráfico.
Regiones rurales: en el Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste y el Suroeste, se registra presencia de estructuras ilegales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y ELN, que disputan control de rentas ilícitas (minería ilegal, narcotráfico, extorsión).
Zonas estratégicas: por su geografía, Antioquia sigue siendo un corredor clave para actividades ilegales, lo que hace que la seguridad dependa en gran medida de la presencia militar y policial.
Acciones recientes
Puestos de Mando Unificado (PMU): instalados para coordinar acciones de la Fuerza Pública y autoridades civiles en subregiones críticas.
Inversión en equipos y logística: a través de la Tasa de Seguridad se han entregado vehículos, chalecos, drones y tecnología a la Policía y el Ejército.
Trabajo interinstitucional: la Gobernación coordina con el Gobierno Nacional y alcaldías planes de seguridad y convivencia ciudadana.
Retos principales
Combatir economías ilegales (narcotráfico, minería criminal).
Fortalecer la justicia local para que las capturas se traduzcan en condenas efectivas.
Atender el desplazamiento forzado en regiones rurales.
Prevenir la violencia juvenil en entornos urbanos, ligada al microtráfico y las bandas barriales.
