El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el que el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. La decisión no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad del acto administrativo, sino una medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó al Ejecutivo expedir y publicar, en un plazo máximo de ocho días calendario tras la notificación, un decreto transitorio que establezca el porcentaje de incremento y el nuevo valor del salario mínimo que regirá de manera temporal.
Para definir esa cifra, el Gobierno deberá aplicar de forma integral los criterios legales y constitucionales vigentes, entre ellos la meta de inflación establecida por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.
¿Qué pasará con el salario Mínimo 2026?
También deberá considerar principios como la protección especial al trabajo, la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil, la función social de la empresa y los objetivos constitucionales de dirección de la economía.
El nuevo decreto tendrá que incluir una sustentación económica detallada, verificable y respaldada en fuentes oficiales, explicando la ponderación y el análisis que condujeron al monto final.
La suspensión solo surtirá efecto una vez se publique el decreto transitorio; hasta entonces, seguirá vigente el salario mínimo establecido en el Decreto 1469 de 2025. El tribunal advirtió que no podrá reproducirse en esencia el contenido del acto suspendido y que el incumplimiento de lo ordenado acarreará sanciones legales.
Asimismo, aclaró que la medida no afecta derechos ni obligaciones ya causados o pagados con base en el salario mínimo vigente durante el tiempo en que produjo efectos, pues se consideran situaciones jurídicas consolidadas protegidas por los principios de seguridad jurídica y debido proceso. El proceso continuará hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la validez del decreto demandado.