La situación de seguridad en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos. Los recientes atentados, asesinatos de policías y militares evidencian que el Estado está perdiendo terreno frente al terrorismo y las organizaciones criminales que, lejos de debilitarse, se expanden y consolidan su poder territorial y financiero.
En las últimas semanas, el país ha vuelto a contar muertos como en los años más oscuros de su historia. Cada víctima no es solo un número en la estadística: detrás de cada asesinato hay proyectos de vida truncados, familias destrozadas y comunidades enteras golpeadas por la violencia. El caso más reciente, ocurrido en Cali, conmocionó al país al conocerse que entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada.
En Colombia, la paz total prometida se traduce en más violencia y muertes diarias”
Este panorama demuestra que el problema no se limita a ideologías de izquierda o derecha, sino que responde a una realidad que Colombia no ha podido resolver desde sus orígenes como república, la persistencia de bandas armadas, narcotraficantes y grupos terroristas que han cambiado de brazaletes y discursos a lo largo de las décadas, pero que siempre han tenido un mismo denominador común: el crimen.
La situación actual se agrava por el debilitamiento del pie de fuerza. El gobierno, en lugar de fortalecer a las Fuerzas Militares y de Policía, ha decidido sentarse a dialogar con quienes continúan expandiendo su poder. En mesas de negociación se ha llegado incluso al absurdo de entregar camionetas blindadas a cabecillas criminales, mientras soldados y policías carecen de helicópteros, aviones y apoyo aéreo suficiente.
El resultado es dramático. En la mañana del jueves, más de diez policías fueron asesinados tras el derribo de un helicóptero con drones de bajo costo. Horas más tarde, en Cali, dos camiones bomba fueron activados, reviviendo recuerdos de la crueldad del terrorismo en esa ciudad. Y lo más indignante, casi 24 horas después de la masacre de los uniformados, sus cuerpos aún no habían sido extraídos, golpeando de manera devastadora la moral de la Fuerza Pública.
A esto se suma la falta de respuesta oportuna del Ministerio de Defensa. En Amalfi (Antioquia), por ejemplo, ya se había advertido de la complejidad de la situación, pero las alertas fueron ignoradas. Esta pasividad no solo demuestra un gobierno desbordado, sino que expone a los uniformados a escenarios de altísimo riesgo sin inteligencia previa ni respaldo operacional.
Ante este panorama, surge una pregunta inevitable, ¿qué debe hacer Colombia frente al avance del terrorismo? Algunos sectores han planteado que, si el Estado no actúa, organismos internacionales como el gobierno de Estados Unidos, que ya ha catalogado a varias de estas estructuras como carteles terroristas podrían intervenir militarmente para contener a los grupos criminales.
Lo cierto es que el país no puede seguir observando cómo crece el número de tumbas de inocentes y servidores públicos sin exigir al gobierno respuestas concretas. La defensa de la vida, la seguridad y la soberanía no es una opción política, es una obligación constitucional. Si no se asume con firmeza, la historia se repetirá y Colombia seguirá atrapada en el mismo ciclo de violencia que ha marcado su destino por décadas.
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