Los congresistas colombianos son los mejor remunerados de América Latina, con un salario mensual de 48.142.046 pesos colombianos, cifra que supera ampliamente los ingresos de sus pares en la región. Este tema ha generado polémica y ha sido el centro de debates sobre la equidad salarial en el país.
A raíz de esta controversia, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, acompañado de legisladores de diversas bancadas, presentó un proyecto de acto legislativo que propone reducir estos ingresos en un 50%, propuesta que ya se había presentado en varias oportunidades en el pasado y que varios congresistas que hoy apoyan esta iniciativa no respaldaron anteriormente.
Salario de los congresistas colombianos vs. congresistas en Latinoamérica
La remuneración de los congresistas colombianos contrasta significativamente con la de otros países de la región. Por ejemplo:
- En Uruguay, los legisladores ganan 31.053.243 pesos colombianos.
- En Brasil, la cifra asciende a 30.975.843 pesos colombianos.
- En Argentina, reciben 17.503.537 pesos colombianos.
- En Bolivia, el ingreso mensual es de 12.878.788 pesos colombianos.
Los congresistas en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua perciben ingresos aún más bajos, con salarios que oscilan entre los 13 y 15 millones de pesos colombianos, lo que evidencia una brecha importante frente a los legisladores colombianos.
La desproporción en Colombia
Según el proyecto de ley, desde la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992, que regula la remuneración de los congresistas, el incremento de sus ingresos ha sido desmedido. Entre 1992 y 2018, el salario de los legisladores aumentó un 3.634,3%, mientras que el salario mínimo en el mismo periodo creció un 1.175,9%.
Este aumento ha generado que, en términos de poder adquisitivo, los congresistas colombianos lideren en la región. Según una investigación de Jorge Galindo publicada en El País, los ingresos de los legisladores colombianos no solo son los más altos, sino también los más desproporcionados respecto al salario promedio y al costo de vida del país.
En Colombia, los congresistas ganan más de 34 veces el salario mínimo, lo que los sitúa entre los más privilegiados del continente. En comparación, en Brasil y Chile esta proporción es de 22 y 17 veces el salario mínimo, respectivamente.
En busca de equilibrar esta disparidad, el senador Iván Cepeda radicó el proyecto de acto legislativo 09 de 2025, que plantea reducir los ingresos de los congresistas a 20 salarios mínimos, lo que equivaldría a unos 23 millones de pesos mensuales. Este ajuste entraría en vigor a partir del 20 de julio de 2026, si se aprueba en los ocho debates requeridos.
Cepeda enfatizó que esta iniciativa es crucial para recuperar la confianza en el Congreso: “El Congreso es una institución altamente desprestigiada, y en parte esto se debe a las prebendas excesivas de los congresistas”.
Además, destacó que el proyecto cuenta con el respaldo de 57 legisladores, entre ellos, Humberto De La Calle, Mauricio Gómez Amín y Esmeralda Hernández Silva, lo que refuerza la esperanza de que la propuesta prospere.
El proyecto también establece que los futuros reajustes salariales de los congresistas se harían con base en el incremento del salario mínimo, y aclara que esta reducción no afectará el régimen salarial de otros funcionarios públicos, quienes seguirán tomando como referencia los ingresos del presidente de la República.
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El debate sobre la remuneración de los congresistas colombianos no solo abarca la equidad salarial, sino también la desconexión entre los legisladores y la realidad económica de la mayoría de la población. Mientras el país enfrenta altos niveles de informalidad y desigualdad, el alto salario de sus congresistas representa un símbolo de privilegio que genera descontento entre los ciudadanos.
El caso de los congresistas colombianos resalta una de las mayores brechas salariales en la región, lo que ha alimentado el debate sobre la necesidad de reformas profundas en la política. La propuesta liderada por Iván Cepeda busca no solo reducir los ingresos de los legisladores, sino también reconstruir la confianza en las instituciones democráticas del país.
Con esta iniciativa, el Congreso tiene la oportunidad de cerrar una brecha que durante décadas ha separado a los representantes del pueblo de las realidades económicas de quienes los eligen.
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