El debate por el reciente ajuste del salario mínimo no solo pasa por los bolsillos de los trabajadores: también podría impactar de lleno el precio de la vivienda en Colombia. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el incremento decretado por el Gobierno podría elevar los costos de construcción y, con ello, el valor final de la vivienda, especialmente la de interés social, que para muchos hogares es la única puerta de entrada a una casa propia.
Camacol sostiene que la decisión, tomada sin concertación plena, genera presiones inflacionarias y golpea directamente a un sector intensivo en mano de obra. El gremio advierte que cerca del 25% de los costos directos de las obras corresponde al trabajo humano y, al subir el salario mínimo, se genera un efecto en cadena que también impacta insumos, transporte y servicios. En consecuencia, estiman que los costos totales de construcción podrían aumentar alrededor de 4%, lo que terminaría reflejándose en el precio final de la vivienda.
¿Cómo afectaría realmente a quienes buscan vivienda?
Uno de los puntos más sensibles está en la vivienda de interés social. Como su precio está indexado al salario mínimo, el ajuste eleva automáticamente los topes de valor y puede hacer que miles de familias queden por fuera del mercado formal. De acuerdo con las proyecciones preliminares del sector, el impacto global podría acercarse a un aumento del 10% en el precio de la vivienda, justo en un momento en el que el país necesita facilitar su acceso y no restringirlo aún más.
La preocupación no solo está en los compradores. En materia laboral, el incremento del salario mínimo encarece la contratación formal en una economía donde más de la mitad de los trabajadores vive en la informalidad. Esto, según el gremio, no necesariamente se traduce en mejor calidad de vida para quienes no están formalizados, pero sí puede empujar el costo de vida, incluida la vivienda, hacia arriba.
“Es un buen eslogan, pero una mala política”, dijo el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, al advertir que el ajuste podría frenar la generación de empleo, presionar la inflación y encarecer la vivienda social, afectando directamente a quienes más necesitan apoyo estatal. Para el sector, el salario mínimo no puede ser el único instrumento de política social y se requiere una estrategia integral que combine productividad, crecimiento, empleo formal y políticas de vivienda que amplíen el acceso y no lo cierren.
Mientras tanto, el país sigue pendiente de cómo reaccionará el mercado y de si el aumento del salario mínimo se convertirá, efectivamente, en un nuevo obstáculo para quienes buscan cumplir el sueño de tener vivienda propia.