La muerte del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025 tras un atentado en Bogotá, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de sus funcionarios.
El abogado Francisco Bernate explicó dada a Caracol Rado, que existen precedentes jurídicos que podrían llevar al Consejo de Estado a declarar responsable al Estado colombiano por la omisión en la protección de Uribe. Destacó que, aunque la responsabilidad de terceros, como el menor de edad involucrado en el atentado, es evidente, la falta de acción del Estado en garantizar la seguridad del senador también constituye un factor determinante.
Indemnización a familiares sería un mensaje simbólico sobre la seguridad político, esto dijo el experto
Bernate recordó el caso de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos asesinado en 1998, en el que la Corte Interamericana y el Consejo de Estado ordenaron una indemnización a la familia debido a la ausencia de medidas de protección estatal.
En el caso de Miguel Uribe, se registraron 26 solicitudes formales de protección que fueron desatendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). El abogado señaló que estas omisiones evidencian una falla sistemática en la respuesta ante el riesgo que enfrentaba el senador.
Aunque el proceso judicial podría extenderse en el tiempo, Bernate considera que existen fundamentos sólidos para que el Consejo de Estado aplique precedentes similares y condene al país a indemnizar a los afectados. El monto de la indemnización dependerá de factores como la participación de terceros en el atentado, pero, según el experto, lo más importante es el mensaje simbólico que enviaría una sentencia favorable a la familia de Uribe.
Este caso subraya la necesidad de revisar los mecanismos de protección a líderes políticos y opositores en Colombia, así como la importancia de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos frente a amenazas externas.
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