Fallo pone en la “Cuerda floja” al Alcalde y concejales de Itagüí

Un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó al Alcalde y a los concejales del municipio de Itagüí por indebida destinación de dineros públicos. Por ser un fallo en primera instancia el Alcalde y los concejales harán uso des recurso de apelación y mientras el Consejo de Estado emite un fallo final podrán seguir ejerciendo sus funciones.

Por: Jhonatan Ortiz

Por hechos ocurridos en el 2012, una sentencia en primera instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la pérdida de envestidura del alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, y de varios concejales de este municipio. De acuerdo con la Red de Veedurías, quienes son los demandantes, el actual mandatario de Itagüí y los concejales les dieron un incentivo a algunos miembros de la Policía en bonos de compra de reconocidos almacenes de cadena y supermercados, presentándose una indebida destinación de dineros públicos.

De acuerdo con la investigación, los uniformados beneficiados con estos bonos de compras fueron el Comandante y el Subcomandante de Estación, además de varios agentes de Policía al Servicio de Escolta del Alcalde de Itagüí de la época.

En su defensa los involucrados en estos hechos aseguran que debido a la complicada situación de orden público que atravesaba Itagüí hace 3 años, se creyó pertinente estimular a los miembros de la fuerza pública, por ser los primeros en exponer sus vidas. Además aseguran que se trató de la creación de un incentivo sobre el cual no hay prohibición constitucional y que el Concejo en ningún momento hizo uso los recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Pese al ritmo de la justicia colombiana en este tipo de casos, en diálogo con 360 Radio, Pablo Bustos, Presidente de la Red de Veedurías, aseguró que el Consejo de Estado adoptará decisiones ejemplares y que por involucrar y verse afectado la totalidad de un municipio, el fallo final no se demorará y saldrá lo antes posible.

De ratificarse esta decisión por parte del Consejo de Estado, se convertiría en una grave sanción a los involucrados que les otorgaría una muerte política.