Como un baldado de agua fría nos cayó el decepcionante anuncio de la reducción de entre un 4% y 8% de las tarifas de energía en el país. Y no es para menos si se tiene en cuenta que en algunas regiones de la Costa Caribe el aumento ha sido de hasta un 50%, es decir, que el golpeado bolsillo de las familias colombianas, muy poco sentirán el tan anhelado descuento.
En la Región Caribe, aguardábamos mucho más resultados del llamado “Pacto por la Justicia Tarifaria”, que semanas atrás anunció el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía. Las noticias que iban llegando acerca de las compañías que se sumaban, de manera voluntaria, al compromiso de impactar positivamente la disminución de la tarifa de energía eléctrica a partir del mes de noviembre de 2022, fueron alimentando las expectativas sobre los resultados del gran pacto; sin embargo, una vez se conocieron cuáles serían los porcentajes la desilusión fue enorme.
En el caso del segmento de la empresa Air-e, correspondiente a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira, la reducción será de 50 pesos por kilovatio/hora, menos de un 6%. Por otro lado, después de haberse negado a contribuir en una reducción, Afinia la comercializadora en Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del sur de Magdalena, se sumó con apenas un 3% de disminución, equivalentes a 24 pesos en el kilovatio/hora. Lo más grave es que Afinia solo propuso una “rebaja”, es decir, que más adelante se les cobrará a los usuarios el supuesto descuento.
La actual situación está rayando en el límite de los ciudadanos de los siete departamentos del Caribe colombiano, quienes han anunciado una gran movilización para la primera semana de noviembre, con el propósito de solicitar al Gobierno Nacional «tumbar el régimen tarifario especial y transitorio para el Caribe”. Está claro que mientras continúen las gabelas y beneficios que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), le ha brindado a las empresas Air-e y Afinia, como la autorización de un cobro retroactivo por pérdida de energía, que tiene pagando a los usuarios tarifas excesivas, no se sentirá una verdadera reducción en las tarifas.
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Valoramos los esfuerzos realizados por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y su equipo de trabajo para lograr acuerdos entre los diferentes actores del sector, pero los resultados siguen siendo insuficientes. Los acuerdos alcanzados entre el sector y el Gobierno nacional, para disminuir los costos de la energía, son apenas un paso de un largo camino que hay que recorrer para lograr la estabilización en las tarifas, esto es solo el principio. Para llegar a la “tarifa justa” que anuncia el gobierno, se requieren mayores esfuerzos por parte de las empresas generadoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras, así como eliminar el cobro de las pérdidas no técnicas en el Caribe.
Esperábamos mucho más de los generadores hidráulicos y de toda la cadena que compone el precio de la energía de los hogares y de la industria colombiana. Esta irrisoria disminución demuestra la poca solidaridad por parte de las empresas generadoras de energía para devolverle a los usuarios las exorbitantes utilidades de más de cuatro billones de pesos, que estas obtuvieron en 2021 gracias al indexador IPP (índice de precios al productor). Los colombianos exigimos alivios reales que contribuyan a mitigar el impacto de la inflación, no “pañitos de agua tibia” que no resuelven nada.
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