La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno Nacional la adopción de medidas urgentes para proteger la producción de arroz en Colombia y garantizar una adecuada comercialización de la cosecha que comenzó en enero de 2026, correspondiente a las siembras realizadas durante el segundo semestre de 2025.
La petición fue presentada por el gerente general del gremio, Rafael Hernández Lozano, durante una reunión sostenida el viernes 16 de enero con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en la que se expuso la preocupación del sector frente a las actuales condiciones del mercado y los riesgos que enfrenta la sostenibilidad de los productores.
Uno de los principales planteamientos de Fedearroz fue el retiro de cerca de 250.000 toneladas de arroz de los inventarios actuales, con el fin de aliviar la sobreoferta y evitar una caída adicional en los precios pagados al agricultor. De acuerdo con el gremio, esta medida permitiría estabilizar el mercado interno y facilitar la comercialización de la cosecha nacional.
Asimismo, la Federación insistió en la necesidad de implementar mecanismos de financiamiento que respalden tanto a los productores como a la industria molinera, de manera que se garantice la compra del arroz colombiano y se eviten pérdidas económicas en el campo.
Otro de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue el impacto de las importaciones y el contrabando. Fedearroz advirtió que el ingreso ilegal de arroz al país continúa afectando de forma significativa la competitividad del producto nacional, generando una competencia desleal que perjudica directamente a los agricultores.
El gremio también alertó sobre el bajo precio internacional del arroz, un factor que, sumado a la depreciación del peso colombiano, ha intensificado las dificultades del sector. Según la Federación, este escenario ha reducido los márgenes de rentabilidad y ha puesto en riesgo la viabilidad económica de miles de productores en distintas regiones del país.
Ante esta coyuntura, Fedearroz planteó la necesidad de evaluar instrumentos financieros que permitan mitigar los efectos del mercado, así como avanzar en estrategias para reducir los costos de producción. Entre estas, destacó el fortalecimiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA), como una herramienta clave para aliviar la carga económica que enfrentan los cultivadores.

De manera paralela, Hernández Lozano sostuvo una reunión con el viceministro de Comercio, Tito Yepes, a quien solicitó la implementación de mecanismos de defensa comercial. Entre ellos, propuso la aplicación de salvaguardias, incluida la salvaguardia cambiaria, en el marco del Acuerdo de la Comunidad Andina (CAN), con el objetivo de proteger al sector frente a distorsiones derivadas del comportamiento del dólar.
Fedearroz también hizo un llamado a fortalecer los controles al contrabando por razones de seguridad nacional, al advertir que esta actividad ilícita no solo afecta la economía agrícola, sino que ha sido utilizada para el lavado de activos y representa una amenaza para cultivos estratégicos vinculados a la sustitución de economías ilegales.
Finalmente, el gremio reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en la construcción de soluciones que permitan garantizar la estabilidad del sector arrocero, proteger el ingreso de los productores y preservar la seguridad alimentaria del país.
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