El Hecho: Los principales firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 radicaron un derecho de petición ante la Presidencia y el Dapre para conocer el futuro de lo pactado para el periodo 2026-2030.
¿Por qué es importante?: Busca obtener claridad sobre las garantías y la estabilidad de los compromisos estatales frente a los anuncios de reforma institucional del nuevo gobierno.
¿Cuál es el contexto?: La solicitud surge tras propuestas como la supresión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y cambios en la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
¿A quiénes afecta y cómo?: Incide directamente en los excombatientes en proceso de reincorporación, generando incertidumbre sobre la continuidad de programas de desarrollo y seguridad.
El dato que no se puede perder: El documento exige cuentas claras sobre el rumbo de entidades clave como la ARN, la UNP y la estabilidad jurídica de la JEP.
Apenas inicia su mandato, la administración de Abelardo de la Espriella se enfrenta a una de las solicitudes políticas más complejas en materia de reconciliación nacional. Los principales firmantes del Acuerdo Final de Paz de 2016 formalizaron un derecho de petición dirigido al presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con el propósito de obtener claridad absoluta sobre el futuro de lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc para el periodo 2026-2030.
La solicitud busca disipar las dudas generadas por las propuestas de campaña del actual mandatario. El documento fue respaldado por reconocidos excombatientes y líderes políticos del proceso, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra, quienes advirtieron sobre los riesgos de desarticular los compromisos estatales adquiridos en La Habana.
Panorama general: El pliego de peticiones toma como punto de partida los anuncios hechos por el jefe de Estado antes de llegar al poder, tales como la supresión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y una restructuración general de la Casa de Nariño.
Bajo este escenario, una de las mayores inquietudes gira en torno al destino de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Los firmantes exigen saber si dicha dependencia continuará operando, si será fortalecida o fusionada, o si se ordenará su disolución definitiva dentro de los planes de reforma estatal. Asimismo, reclaman conocer qué entidad asumirá la coordinación de los compromisos, qué presupuesto tendrá asignado y cuál será su peso jerárquico durante el cuatrienio.
¿Qué pasará con la paz? Firmantes del Acuerdo de Paz 2016 cuestionan reformas del nuevo gobierno
Más allá del andamiaje burocrático, la misiva pone el foco en los pilares más sensibles para la estabilidad de quienes dejaron las armas: la reincorporación socioeconómica y la seguridad física de los excombatientes.
En el documento se solicita información detallada sobre la continuidad de los programas destinados a la población en proceso de reincorporación y la protección de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr). De igual forma, los firmantes piden cuentas claras sobre el rumbo que tomarán entidades clave como:
-
La Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
-
La Unidad Nacional de Protección (UNP).
-
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Para los líderes del proceso, estas respuestas son determinantes para evaluar las garantías reales que ofrecerá la nueva administración frente a los riesgos persistentes en las regiones.
Por qué es importante: Otro de los apartados fundamentales del derecho de petición concierne a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Los excombatientes interpelan directamente al presidente De la Espriella para saber si su administración promoverá actos legislativos, proyectos de ley o decretos que alteren las competencias, la autonomía o el funcionamiento de la justicia transicional, exigiendo además los estudios técnicos que justificarían cualquier iniciativa de reforma.
Adicionalmente, la petición indaga por la proyección presupuestal para el cuatrienio, la permanencia del Ejecutivo en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi) y la cooperación con los organismos internacionales que participan como garantes del proceso.
Con este recurso radicado ante el Gobierno, los firmantes esperan una postura oficial que defina el derrotero institucional de la paz durante los próximos cuatro años.
