Por: Luz María Tobón Vallejo*
A partir de documentos obtenidos de la Fiscalía General de la Nación, Noticias UNO reveló que la orden de detención domiciliaria del gobernador Aníbal Gaviria Correa no fue dictada por el Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien lleva el proceso contra el mandatario de los antioqueños. El fallo en su versión con control de cambios, entregado por la propia Fiscalía General de la Nación, demuestra sin lugar a dudas que la orden de detención fue ordenada por el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán.
El fiscal Jaimes Durán es un protegido del ex procurador Alejandro Ordoñez, su maestro en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Este lo designó como su magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, luego fue su procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Tras perder su visa a Estados Unidos, también se quedó sin su alto cargo; en la Fiscalía de Eduardo Montealegre fue relegado al cargo de fiscal local en Fusagasugá. Jaimes recuperó su poder en la rama judicial al ser designado coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, por el fiscal Francisco Barbosa.
Una de las primeras actuaciones de Jaimes en su poderoso cargo en la Fiscalía fue “precisar que todos los fiscales delegados, deben (sic) remitir todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos, a mi correo institucional, con suficiente anterioridad, para informar y valorar cada situación con el señor Fiscal General de la Nación”. Es claro que la macroencefálica estructura de nuestra Fiscalía General determina que todos los fiscales son delegados del Fiscal General, pero la delegación no puede convertirse en un mecanismo de poder de una persona para violentar a su antojo la naturaleza misma de la delegación de funciones, y con ello la autonomía y criterio de sus fiscales, quienes en no pocas ocasiones se habrán visto obligados a emitir fallos con conceptos contrarios a su interpretación de la ley.
Los cambios del coordinador Jaimes -¿decididos con el fiscal general Barbosa?- en la decisión del fiscal a cargo de este proceso dejan abiertos interrogantes sobre las garantías a Aníbal Gaviria Correa en las investigaciones que le sigue la Fiscalía. ¿Por qué insisten en privar de la libertad al Gobernador de Antioquia cuando está comprobado que no hay razones jurídicas que lo justifiquen? Esta forma de actuar genera enorme inquietud para los funcionarios públicos de elección popular sometidos o sujetos a ser sometidos a investigación por el ente acusador.
La nueva orden de detención preventiva contra el gobernador de Antioquia es injustificada legalmente pues no es un riesgo para la sociedad, no se va a fugar y no puede manipular las pruebas que ya están totalmente recaudadas en el proceso. Es arbitraria, porque desconoce principios de favorabilidad y presunción de inocencia; y atenta gravemente contra la democracia en Colombia, porque demuestra con qué facilidad la Fiscalía puede producir falsos positivos judiciales, investigando y encartando a personas inocentes pero cuyo renombre es utilizado como trofeo que les da visibilidad. Cuando los organismos de control demuestran estar corrompidos, la ciudadanía tiene que elegir en quien deposita su confianza. Para eso debe informarse y valorar a los seres humanos involucrados y sus obras. No asumir una posición, es dejarse llevar por la corrupción misma.
*Periodista, profesora universitaria, moderadora de diálogos públicos en FundaMundo