En una operación de envergadura nacional que sacude al sector retail en Colombia, la Fiscalía General de la Nación anunció este martes 28 de abril de 2026 la ocupación de 405 establecimientos comerciales pertenecientes a la popular cadena de ropa interior femenina Lili Pink. Las medidas cautelares, que incluyen el embargo y secuestro de bienes, se dan en el marco de una investigación por un presunto entramado transnacional dedicado al lavado de activos y el contrabando.
De acuerdo con el reporte oficial del ente acusador, la estructura criminal habría utilizado la infraestructura y el reconocimiento de la marca para dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita. La investigación, liderada por la Delegada contra las Finanzas Criminales, reveló cifras astronómicas: se estima que las maniobras de lavado superan los $730.000 millones de pesos, mientras que el enriquecimiento ilícito derivado de estas actividades alcanzaría los $430.000 millones.
puntos clave para entender el proceso de extinción de dominio a Lili Pink
El modus operandi consistía en la creación de una red de sociedades «de papel» e importadoras ficticias. Estas entidades simulaban operaciones de comercio exterior para ingresar al país no solo textiles, sino también juguetes y cosméticos de contrabando. Al integrar estos productos en los canales de venta de la reconocida marca, lograban fragmentar transacciones y evadir los radares de las autoridades aduaneras, dificultando el rastreo del dinero.
Las diligencias de ocupación se extendieron a 59 ciudades y municipios a lo largo de 25 departamentos, evidenciando la capilaridad de la red. El despliegue contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional. Además de los 405 puntos de venta, las autoridades afectaron: 40 inmuebles de diversa índole. 8 vehículos de gama alta. Una sociedad comercial que servía de eje administrativo.
Informes preliminares sugieren que este esquema no solo burlaba los controles financieros, sino que también involucraba presuntas irregularidades tributarias. La DIAN habría detectado desde 2022 el uso de facturas falsas para solicitar devoluciones del IVA de manera fraudulenta, además de supuestos sobornos a funcionarios para agilizar el ingreso de mercancía ilegal.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Fiscalía envió un mensaje de tranquilidad a los más de 2.300 trabajadores que dependen de esta cadena. Al tratarse de un proceso de extinción de dominio, los bienes han pasado a ser administrados provisionalmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Bajo esta figura, la intención es que los locales continúen con su objeto social activo para proteger los puestos de trabajo y la estabilidad económica del sector. «Las propiedades afectadas seguirán operando bajo la vigilancia del Estado mientras avanza el proceso judicial contra los directivos y particulares implicados», señalaron fuentes cercanas al caso.
El proceso se encuentra en una etapa crítica de ejecución de órdenes de captura contra los presuntos cerebros detrás del entramado. Se espera que en las próximas horas se realicen las audiencias de imputación de cargos por delitos que incluyen lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando agravado.
Por su parte, la sociedad Fastmoda S.A.S., propietaria de la marca, ha manifestado que colaborará con la justicia y buscará garantizar que el proceso no afecte el sustento de sus colaboradores. Este operativo se posiciona como uno de los ataques más significativos contra las economías ilícitas en lo que va del año, poniendo bajo la lupa la transparencia en las grandes cadenas de suministro del país.
Lea también: El dinero que se llevará Luis Díaz si Bayern Múnich le gana al PSG