En un movimiento que pone un compás de espera a las pretensiones de paz del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación anunció este martes que, por el momento, no suspenderá las órdenes de captura que pesan sobre 29 cabecillas del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estructura criminal conocida también como el Clan del Golfo.
La determinación del ente acusador impacta directamente sobre figuras de alto valor para la justicia, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, máximo jefe de la organización y sobre quien recae una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos.
Panorama general: La negativa de la Fiscalía surge como respuesta a la Resolución OCCP No. 120, emitida el pasado 29 de abril por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, bajo la dirección de Otty Patiño. En dicho documento, el Ejecutivo colombiano manifestaba haber aceptado «de buena fe» el listado de los 29 nombres propuestos por el grupo armado.
El plan del Gobierno, ahora en entredicho, contemplaba un desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado de estos integrantes hacia dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). Según el cronograma oficial, este traslado debía iniciar el próximo 25 de junio, fecha para la cual se pretendía que las órdenes de captura, incluidas las que tienen fines de extradición, quedaran suspendidas «de pleno derecho».
Fiscalía frena suspensión de capturas a cabecillas del Clan del Golfo: ¿Qué pasará con la Paz Total?
A pesar de que el Gobierno remitió la medida a la Fiscalía para que esta adoptara las «medidas de seguridad jurídica» pertinentes, el comunicado emitido hoy, 12 de mayo, deja claro que el organismo judicial no considera que existan, bajo el marco actual, las condiciones para proceder con dicho levantamiento.
«La Fiscalía ha decidido no acceder, por ahora, a la suspensión de estas órdenes», reza el pronunciamiento, marcando una distancia clara frente a la celeridad que buscaba la oficina de Otty Patiño.
Este revés administrativo no solo afecta a alias ‘Chiquito Malo’, sino que pone en pausa la hoja de ruta trazada con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) y el Ministerio de Defensa, quienes ya habían sido notificados de la intención gubernamental.
Por qué es importante: La decisión de la Fiscalía subraya la tensión persistente entre la voluntad política de avanzar en la «Paz Total» y los requerimientos de la justicia ordinaria e internacional. Mientras el Gobierno apuesta por la construcción de confianza mediante zonas de ubicación temporal, el ente acusador mantiene la firmeza sobre los expedientes judiciales de una de las estructuras de narcotráfico más poderosas del continente.
Por ahora, el traslado previsto para junio queda en el limbo, a la espera de que el Ejecutivo y la Fiscalía logren un consenso jurídico que permita, o descarte definitivamente, el beneficio de libertad para la cúpula del EGC.
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