Fiscalía levanta órdenes de captura a cabecillas en Medellín y la controversia escala. La Gobernación de Antioquia anunció que presentará una acción de nulidad contra la resolución que suspendió procesos judiciales contra 23 líderes de estructuras criminales vinculadas a la llamada paz urbana.
El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó que la demanda será interpuesta el próximo lunes de Pascua, tras advertir posibles riesgos en materia de seguridad y cuestionar el alcance de la medida adoptada por la Fiscalía.
Gobernación anuncia acción judicial contra la medida
La decisión de acudir a la justicia se dio luego de una reunión con mandatarios del Valle de Aburrá, quienes manifestaron preocupación por las implicaciones de la resolución.
“Vamos a insistir para que la Fiscalía se ponga del lado de las víctimas y de los antioqueños”, afirmó Rendón, quien además advirtió que la suspensión de órdenes de captura podría afectar a funcionarios judiciales que participaron en la condena de estos cabecillas.
El mandatario señaló que algunos de estos procesos tomaron años y derivaron en penas superiores a dos décadas, por lo que cuestionó que puedan ser suspendidos mediante una resolución administrativa. También expresó inquietudes sobre la seguridad de jueces y fiscales, incluyendo aquellos que hoy están retirados, al considerar que esta decisión envía un mensaje institucional contradictorio frente a la lucha contra el crimen organizado.
Libertades, dudas y choque de versiones
La polémica crece en medio de versiones encontradas. Mientras la Fiscalía sostiene que la suspensión de órdenes de captura no implica automáticamente la liberación de los implicados, desde la Gobernación aseguran que ya hay siete cabecillas en libertad y que otros 16 podrían quedar en la misma situación.
Según Rendón, la resolución permitiría que estas personas se movilicen incluso fuera de Medellín, bajo el argumento de participar en espacios de diálogo dentro del proceso de paz urbana.
Esto contrasta con la postura del ente acusador y del Gobierno nacional, que han señalado que la medida busca facilitar la participación en mesas sociojurídicas, sin que ello signifique la eliminación de condenas o procesos.
El debate se produce en un contexto sensible, marcado por antecedentes como el “tarimazo” de 2025 y el avance de una estrategia de negociación con estructuras criminales en la ciudad.
El caso pone nuevamente sobre la mesa los límites entre la política de paz y la aplicación de la justicia penal. Mientras el Gobierno defiende estos mecanismos como herramientas para reducir la violencia, sectores regionales y políticos advierten riesgos de impunidad.
La acción de nulidad que prepara la Gobernación podría convertirse en un punto de inflexión para definir el alcance legal de estas decisiones y el futuro del proceso de paz urbana en Medellín.
Por ahora, el pulso entre autoridades locales y el Gobierno nacional sigue abierto, con efectos directos sobre la seguridad, la institucionalidad y la confianza en la justicia.
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