La Fiscalía General de la Nación, a través de su titular Luz Adriana Camargo Garzón, anunció este miércoles la reactivación de las órdenes de captura contra 31 representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que previamente habían sido beneficiados con la suspensión de dichas órdenes en el marco de los diálogos de paz.
Panorama general: La decisión surge como respuesta a la grave escalada de violencia iniciada el pasado 16 de enero en la región del Catatumbo, atribuida al ELN y confirmada en la red social «X» por su máximo líder, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias «Antonio García». Además, el Frente de Guerra Nororiental del ELN, liderado por Gregorio Manuel Pérez Martínez, ratificó la autoría de los actos a través de tres comunicados difundidos los días 17, 18 y 19 de enero.
La reactivación de las órdenes de captura contra el ELN: contexto y consecuencias
Estos hechos han causado una crisis humanitaria que pone en riesgo la vida de la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Según la Resolución No. 00015 de 2025, emitida por la fiscal general, la comisión de nuevos delitos por parte de los miembros del ELN constituye un incumplimiento directo de las condiciones para mantener la suspensión de las órdenes de captura.
Detalles de la Resolución No. 00015 de 2025
La medida afecta a 31 miembros reconocidos como voceros del ELN para participar en los diálogos de paz. Entre los nombres destacados figuran:
- Pablo Beltrán
- Nicolás Rodríguez Bautista
- Eliécer Herlinto Chamorro Acosta (alias Antonio García)
- Aureliano Carbonell
- Bernardo Téllez
- Gustavo Martínez
- Entre otros
El documento deroga las resoluciones emitidas en 2022 y 2023 que suspendieron temporalmente las órdenes de captura contra estos individuos. Además, la Fiscalía notificó a la Presidencia de la República, al Consejero Comisionado para la Paz y a las autoridades de policía judicial para que actúen de acuerdo con esta nueva disposición.
Por qué es importante: La decisión se ampara en la Sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que establece las condiciones bajo las cuales se puede suspender o reactivar las órdenes de captura en el contexto de procesos de paz.
El anuncio ha generado un debate en torno a la continuidad del proceso de paz, pues la reactivación de las órdenes de captura podría dificultar las negociaciones en curso. Sin embargo, la medida busca priorizar la protección de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia y la búsqueda de justicia frente a los actos criminales perpetrados recientemente.