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Fondos de Pensiones y deber fiduciario en OPAs del GEA: ¿Qué pasa realmente y porqué habría pérdida en capacidad de gestión?

Fondos de Pensiones y OPA Argos
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Los impactos que han tenido las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) al vender acciones de Sura y Nutresa han sido criticados por diversos sectores que califican este hecho como una posible violación al deber fiduciario. 


Por: Redacción 360 Radio

Actualmente, el Grupo Gilisnki sigue moviendo sus fichas con la OPA por Grupo Argos, después de alcanzar el 30,8% de participación en Nutresa y el 34,5% en Grupo Sura. Las negociaciones por Argos iniciaron el 21 de junio, sin embargo, la preocupación de varios sectores radica en las decisiones que puedan tomar los fondos de pensiones, que actualmente controlan el 12,45% de las especies en circulación del Grupo Argos, teniendo como base, lo sucedido meses atrás con Sura y Nutresa. 

Las cifras muestran que el costo de haber vendido en la primera OPA en Grupo Sura al Grupo Gilinski generó un costo de oportunidad cercano a los USD 600 millones para los 18 millones de colombianos que ahorran en las AFP. Si se compara con el valor de mercado actual, se puede concluir que el costo de haber participado en dicha OPA es de USD 700 millones. 

En teoría, los fondos de pensiones dejaron de percibir más de 1.6 billones al haber vendido en la primera OPA. 

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Fondos de pensiones en Grupo Sura

Fondos de pensiones en Grupo Nutresa

Rodrigo Galarza, abogado y consultor independiente, también ex vicepresidente ejecutivo de Asofondos, entregó su análisis a 360 Radio sobre la situación que viven los fondos de pensiones tras vender sus acciones de Nutresa y Sura. 

“El Negocio para las AFP en las OPAs del GEA no fue lo más favorable porque, según la información pública disponible, los Fondos de Pensiones enajenaron en la primera de las ofertas públicas de Sura y Nutresa. Si uno compara los precios de esas ofertas versus los que se presentaron en la 2 y 3, pues hay una diferencia apreciable del más de 50% de la OPA 1. Esto significa que dejaron sobre la mesa un montón de dinero que habrían podido recoger al haber vendido en la segunda y tercera OPA, aunque no deja de ser una especulación pues no había una garantía de que se iba a ofertar otras OPA”, explicó. 

Esta decisión tomada en la primera OPA generó malestar en sectores económicos que aseguran que hubo violación al deber fiduciario  al dejar las acciones preferenciales de Grupo Sura sin capacidad de gestión del 57% de las acciones preferenciales con un costo de oportunidad cercano a COP 1.3 billones.

Los fondos habrían perdido la capacidad de tomar decisiones o de participar activamente en la gestión de COP 1,3 billones de patrimonio invertido en las acciones preferenciales de Grupo Sura. Las acciones preferenciales deberían llegar a un valor cercano a las acciones ordinarias, por lo que el costo de no tener control sobre estas inversiones se podría medir en la diferencia del precio del mercado de las acciones ordinarias y de las preferenciales, que en este caso es de más de COP 1.2 billones. 

Esto refleja un posible error en el deber fiduciario de los fondos de pensiones, entendiendo que este consiste en optimizar y administrar de la mejor manera posible los recursos de los beneficiarios y que el resultado de su decisión deriva en un uso indebido de los recursos de los 18 millones de ahorradores colombianos. 

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Frente a este interrogante de una posible violación del deber fiduciario, Galarza expresó su panorama: “la pregunta no es tan sencilla como parece. En el evento que solo hubiese habido una oferta en cada una de las compañías y no hubiesen vendido, lo que les habrían dicho es que violaron la obligación fiduciaria porque les ofrecieron un precio atractivo y no vendieron; y seguramente existiría defensa por parte de los accionistas. Pero todo esto es una especulación porque es muy difícil saber si lo habrían violado si no hubieran vendido, como que lo violaron al haber vendido”.

El experto recalcó la importancia de exigir al Estado mejores acciones para brindar panoramas más claros para las AFP: “cuando usted quiere acusar a un inversionista de haber violado el deber fiduciario o decir que perdió un montón de plata, sin considerar cuál fue la información disponible a la hora de tomar la decisión, pues tiene que tomar el caso y dar la vuelta para decir quién era el que tenía la capacidad para permitir que hubiera mejor información y ese era el Estado a través de la Superintendencia pero no lo hizo”.

“En la regulación actual es posible hacer lo que hizo la familia Gilinski pero la SuperFinanciera debió preguntarse si eso era factible y si le podía causar daño a los inversionistas. En el Gobierno si tenían diferentes elementos de juicio para obligar al oferente a revelar qué era lo que estaban pretendiendo porque hoy sabemos que lo que estaban pretendiendo era romper el esquema que tenía el GEA, romper la indicación de juntas y por esa vía apropiarse de una o varias compañías”, puntualizó. 

Hoy, el panorama es preocupante en la OPA por Grupo Argos, pues de vender su participación en acciones ordinarias las AFPs perderían capacidad política de gestionar cerca de COP 1.2 billones. Si se tiene en cuenta que el precio de dichas acciones debe estar alineado con el precio de las acciones ordinarias, los fondos estarían perdiendo la posibilidad de aumentar el valor otro COP 1.2 billones y sobre un valor total que podría ascender a los COP 2.4 billones. 

En caso de que el oferente, familia Gilinski, incremente la oferta como lo hizo en anteriores OPAs o incluso acercándose al valor fundamental, el costo de no poder gestionar llegaría a cerca de COP 2.7 billones o un total de COP 4 billones. 

Los expertos aseguran que la OPA por Grupo Argos debe ser analizada en detalle, pues hoy sí existe un panorama distinto y más amplio respecto a lo ocurrido con las OPAs de Sura y Nutresa, y así, no cometer posibles errores que terminen en calificaciones, pérdida de capacidad de gestión y posible violación al deber fiduciario.

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