La tensión en el sistema pensional colombiano escaló un nuevo nivel, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, advirtió que podrían activarse mecanismos judiciales como embargos contra los fondos privados si no cumplen con el traslado de recursos ordenado por el decreto 0415 de 2026.
En entrevista con Minuto60, el funcionario dejó claro que el debate ya no se limita a interpretaciones técnicas sobre la aplicación de la norma, sino que se centra en su cumplimiento. Según explicó, el decreto establece que los fondos deben transferir cerca de 25 billones de pesos correspondientes a afiliados que actualmente hacen parte del régimen público y que ya están recibiendo su pensión.
Colpensiones advierte embargo a fondos privados si no trasladan $25 billones ordenados por decreto
Dussán insistió en que existe un camino definido para realizar estos traslados, incluso sin necesidad de liquidez inmediata. Explicó que los fondos pueden cumplir mediante la cesión de activos financieros, es decir, trasladando títulos o papeles que hacen parte de sus portafolios, lo que permitiría cumplir con la obligación sin afectar de forma abrupta su operación.
Sin embargo, el tono del mensaje fue contundente al referirse a las consecuencias de un eventual incumplimiento. El presidente de Colpensiones aseguró que, de no concretarse el giro de los recursos, corresponderá a la Superintendencia Financiera de Colombia intervenir conforme a la ley. En ese escenario, no descartó que se acuda a figuras como los embargos para garantizar el traslado de los dineros.
“El decreto está vigente y debe cumplirse”, reiteró Dussán, quien también subrayó que los recursos en discusión no pertenecen a los fondos privados, sino a los afiliados que han decidido trasladarse al sistema público. En ese sentido, afirmó que Colpensiones ya está asumiendo el pago de esas pensiones, por lo que el flujo de dinero debe acompañar esa responsabilidad.

El pronunciamiento se da en medio de un contexto de creciente movilidad entre regímenes, de acuerdo con cifras mencionadas por el propio funcionario, durante el último año se trasladaron cerca de 16 billones de pesos debido a decisiones de afiliados que optaron por cambiarse al sistema administrado por Colpensiones.
Este comportamiento, según explicó, podría intensificarse en los próximos meses, teniendo en cuenta que existe un plazo vigente para que los ciudadanos tomen decisiones sobre su régimen pensional. El aumento en estos movimientos implicaría una mayor presión sobre los fondos privados para cumplir con los traslados correspondientes.
Desde la entidad pública consideran que la discusión alrededor de los 25 billones de pesos ha sido sobredimensionada, especialmente si se compara con el volumen total de recursos que administran los fondos privados, que supera los 500 billones. No obstante, el mensaje es claro: el cumplimiento del decreto no es opcional.
El pulso entre el Gobierno y los fondos privados sigue abierto, en un escenario donde lo jurídico y lo financiero se entrelazan. Mientras tanto, miles de afiliados permanecen atentos a cómo se resolverá una disputa que impacta directamente el manejo de sus ahorros pensionales.
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