Hay decisiones administrativas que no pasan desapercibidas como la fibra óptica en los pasillos de los órganos de control, sobre todo cuando de por medio está el desarrollo de las poblaciones más apartadas de Colombia. La Contraloría General de la República acaba de sacudir el tablero institucional al exigirle explicaciones formales a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, tras la abrupta cancelación de la licitación destinada a llevar fibra óptica a la región amazónica.
Lejos de ser un trámite burocrático rutinario, el requerimiento destapa un pulso sordo entre la prudencia fiscal y las decisiones de cartera. El organismo recordó que su actuación se ampara en el artículo 267 de la Constitución y en el Decreto Ley 403 de 2020, herramientas diseñadas para blindar el erario antes de que el daño patrimonial sea irremediable. Para el ente de control, interrumpir una infraestructura de esta envergadura sin una hoja de ruta clara equivale a dejar en el limbo el futuro digital de miles de ciudadanos.
¿Qué pasará con la fibra óptica? El pulso entre la Contraloría y MinTIC por la Amazonía
Lo que hoy genera fricción no es menor. Meses atrás, en mesas técnicas de articulación entre los equipos de la Contraloría Delegada para el Sector TIC y los funcionarios del Gobierno, el proyecto de la fibra óptica amazónica había sido calificado como una pieza estratégica insustituible. No se trataba simplemente de tender cables bajo la selva; era la llave maestra para conectar colegios, centros de salud y economías locales en departamentos donde la geografía impone una muralla casi infranqueable.
“En regiones marcadas por barreras geográficas complejas, la conectividad no es un lujo corporativo, sino un derecho habilitante para la equidad social y el acceso a la educación”.
En aquellos encuentros previos, el proyecto brillaba con luz propia dentro de la agenda oficial. Sin embargo, la decisión de dar marcha atrás a la licitación dejó a las comunidades amazónicas viendo un horizonte digital que se desvanece. La gran incógnita que plantean los auditores fiscales es qué motivó este viraje repentino y, sobre todo, cómo planea el Ministerio responderle a una región que históricamente ha cargado con el peso del abandono estatal en materia tecnológica.
Por qué es importante: El núcleo del requerimiento de la Contraloría apunta directamente al flanco más frágil de la administración: la falta de alternativas transparentes. Depender exclusivamente de enlaces satelitales de alta latencia y elevados costos no es una solución sostenible para cerrar la brecha digital en el sur del país. Al caerse el proceso licitatorio, el MinTIC se quedó sin el principal vehículo ejecutor de su política para la Amazonía.
Ahora, la pelota está en la cancha de la ministra Falla. La respuesta que entregue el Ejecutivo no solo servirá para calmar las inquietudes jurídicas de la Contraloría, sino que pondrá a prueba la coherencia de una política pública que prometía llevar equidad a los territorios periféricos. En el fondo, el episodio deja una sensación agridulce: mientras los discursos oficiales hablan de inclusión digital, en la práctica los proyectos estructurales siguen tropezando con los mismos obstáculos de siempre.
