Ganaron, pero…

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Por: Cecilia López

Han pasado más de 60 años desde que Jorge Eliécer Gaitán afirmó que “La justicia era para los de ruana”, y esa realidad sigue imperando en esta sociedad. Lo que acaba de pasar con la JEP, Justicia Especial para la Paz, lo corrobora. Si alguien le ha tenido pánico a la aprobación de esta justicia transicional ha sido el sector de empresarios, muchos de ellos de la Región Caribe y de Antioquia, que, de una manera u otra, se involucraron con el paramilitarismo. El solo hecho de tener que contar la verdad los ha tenido al borde de la crisis, aunque se sabe que algunos se vieron forzados a pagarles vacunas, pero otros sí los financiaron con conocimiento de causa.

Sus temores fueron escuchados y la Corte determinó que “los civiles que hayan participado de manera activa y determinante con el paramilitarismo, solo tendrán que ir a la JEP de manera voluntaria”.

Realmente parece un chiste, porque con absoluta seguridad no aparecerá ninguno. Y si algún valeroso lo hace porque cree que el país necesita la verdad sobre este doloroso y vergonzoso episodio del conflicto, aquellos probablemente mucho más irresponsables se encargarán de ‘lincharlo’ en un sentido figurado, por sentar un precedente. Como afirma María Jimena Duzán, en su artículo en Semana, estos quedarán en manos de quien hasta ahora no los ha querido investigar, la Fiscalía General de la Nación.

Esta decisión de la Corte tendrá al menos tres consecuencias. La primera, se cumplirá una de las grandes verdades de toda guerra: la verdad será la primera víctima del conflicto colombiano. Se quedará el país sin conocer el verdadero episodio del vínculo entre sectores privados y paramilitares, cuya alianza no solo les garantizó seguridad personal, empresarial y familiar, sino que en casos que ya se conocen, les ayudó a obtener nuevas tierras para ampliar sus propiedades y causar desplazamiento forzado de campesinos.

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La segunda consecuencia de esta ganancia es que aquellos individuos que realmente le apostaron con conocimiento de causa a tener ejércitos privados, en vez de fortalecer el Estado, quedarán actuando como ciudadanos correctos en nuestros pueblos y ciudades. Pero lo más grave es que cuando las aberraciones de los ‘paras’ con las mujeres y niñas –y con poblaciones en general sometidas a su voluntad– fueron del conocimiento público, se quedaron callados avalando con su silencio esos procedimientos perversos.

La tercera consecuencia es que sin duda el Acuerdo Final quedará debilitado porque esto no fue lo acordado entre el Gobierno y las Farc. Surge de nuevo el tema, ya planteado por The Economist en un artículo reciente, sobre el incumplimiento del establecimiento colombiano porque se suponía que todos los involucrados tendrían por lo menos que decir la verdad. ¿La Fiscalía, en cuyas manos queda este tema, será capaz de hacer algo? ¿O solo quedará la justicia subsidiaria de la Corte Penal Internacional, como también afirma María Jimena Duzán?

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