EDITORIAL
Para hoy vemos con suma importancia analizar lo que ha acontecido en el caso del gobernador Anibal Gaviria Correa, y pedir, como medio de comunicación, que se le respeten a este y a cualquier ciudadano el debido proceso, que se le garanticen todas las instancias y que sea juzgado en derecho.
Es sospechoso que tan pronto se conozca la noticia que deja en libertad a Aníbal Gaviria y le permite retomar sus funciones como gobernador, de inmediato otra vez empiece un andamiaje desde la Fiscalía General de la Nación presentando una acusación, filtrándola a ciertos medios, para querer sembrar zozobra cuando lo que menos necesita el departamento de Antioquia, uno de los más afectados por la actual pandemia, es incertidumbre, miedo a quedar de nuevo acéfala en su administración.
La Fiscalía ha deslizado que pedirá la detención preventiva intramural o domiciliaria nuevamente del gobernador, con esto se echaría para atrás lo que se ha logrado esta semana luego de obtener la libertad por hábeas corpus, donde la sala penal del Tribunal Superior de Medellín ordenó el pasado viernes esa libertad tras 120 días de detención.
Vale la pena mencionar que antes de que Aníbal Gaviria fuese detenido, compareció ante todos los llamados de la justicia por los hechos acaecidos en Antioquia desde el año 2004 hasta el año 2007 por la contratación por el mejoramiento de la Troncal de la Paz, un contrato que superó los $40 millones y que el gobernador de Antioquia ha demostrado que no solamente se hizo la obra sino que se cumplieron todos los requisitos de ley de contratación que se exigían en ese momento.
Aníbal Gaviria ha señalado que vuelve a gobernar con tranquilidad y sobre todo que se podrá defender en libertad, recordemos que el 5 de junio pasado fue apartado de su cargo luego de la detención que se efectuó con bombos y platillos por parte del fiscal Francisco Barbosa.
Al gobernador se le debe cobijar con las mismas medidas y garantías que a cualquier ciudadano colombiano. La defensa de Gaviria Correa explicó ante el tribunal que la privación de su libertad era injusta, pues él no cumple con ninguno de los requisitos o características para ser privado de su libertad.
El tribunal que otorga la libertad asegura que en este caso la Fiscalía actuó con decidia y mora frente a actuaciones que por tratarse de la libertad de un ciudadano simplemente requerían acciones inmediatas y eficaces dirigidas a formalizar la situación material en la que se encontraba el detenido.
A nadie, en ningún momento, se le ha pedido que absuelva, sin investigar, a Aníbal Gaviria. Solo se han pedido garantías, que no se le filtre a los medios selectivamente características bastante llamativas por parte de la Fiscalía para sembrar terror en Antioquia.
Es muy necesaria la presencia de Gaviria en la Administración Departamental para continuar atendiendo la pandemia y al mismo tiempo reactivar económicamente a Antioquia, que tan golpeada está.
Lo que ha sentenciado el gobernador en una de sus comparecencias ante los medios de comunicación, es claro: la decisión del tribunal superior le permite seguir atendiendo los requerimientos de la justicia con la absoluta seguridad de que la investigación abierta en su contra terminara confirmando su inocencia y la transparencia de sus actuaciones como servidor público, según señaló Gaviria Correa. Es lo que se espera por parte de la Fiscalía, que deje de ser mediática en este caso, que deje de obedecer a rencillas seguramente con intereses oscuros que solo buscan desestabilizar al departamento y que permita a Aníbal Gaviria defenderse en libertad y que la Fiscalía sea el ente que investigue y siga haciendo los procedimientos necesarios; que solamente la Corte defina si Gaviria Correa es culpable o no, pero hasta que esto no se defina no tiene sentido mantenerle privado de su libertad.