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Garantizar el retorno seguro a clases

Nuevas medidas para bajar los precios de los alimentos
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“A pesar de las discusiones que se han dado alrededor del retorno a las clases presenciales, no hay duda acerca de la importancia y la necesidad de que los menores regresen a sus instituciones educativas”.


Por: José David Name

Mientras unos celebran el inicio del regreso gradual a clases presenciales en los colegios del país, otros denuncian el mal estado y deterioro en el que se encuentran muchos planteles oficiales, que están lejos de contar con las condiciones mínimas para asegurar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad emitidos por los ministerios de Salud y de Educación. La discusión, que ha ido creciendo en los últimos días, evidencia la urgente necesidad que hay de garantizar un retorno seguro en estas instituciones, para que no se conviertan en nuevos focos de contagios.

Después de casi 16 meses de restricciones y aislamientos, los niños, niñas y adolescentes son quienes más resienten en su desarrollo físico, mental y emocional, los profundos efectos que ha dejado la pandemia. Expertos coinciden en que el regreso a las clases presenciales, bajo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, debe ser una prioridad de salud pública, debido a que los entornos escolares presenciales son el espacio natural para el desarrollo integral de los menores.

El impacto del Covid-19 sobre los índices de pobreza y la imposibilidad de acceder a las clases virtuales desde los hogares, ha obligado a muchos niños a abandonar sus estudios. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), reveló que para finales del 2022 se calcula que 9 millones de niños, por la pérdida de empleo e ingresos de sus familias y el cierre de los centros educativos, quedarían expuestos a las peores formas de trabajo infantil. Un panorama realmente aterrador.

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A pesar de las discusiones que se han dado alrededor del retorno a las clases presenciales, no hay duda acerca de la importancia y la necesidad de que los menores regresen a sus instituciones educativas. Sin embargo, la preocupación por el estado de algunos colegios oficiales, que no cuentan con las adecuaciones pertinentes en materia de infraestructura, servicios públicos, así como los elementos e insumos para propender por el cuidado y bienestar de los estudiantes, profesores y personal administrativo, se ha convertido en un gran obstáculo para lograr este propósito.

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La cascada de denuncias por la grave situación que presentan en su infraestructura distintos colegios públicos, van desde solicitudes realizadas por comunidades de reconocidas instituciones educativas como la Distrital Alexander Von Humboldt (distinguida como la mejor del país), quienes piden la ejecución de las obras de remodelación que le prometieron hace cuatro años, hasta las dificultades que padecen escuelas rurales en municipios como Puerto Guzmán, Putumayo, que no cuentan servicios de agua potable. Situación que evidencia las serias dificultades que están presentando muchos de los colegios oficiales del país.

El llamado que realizó la Contraloría General de la República a las entidades territoriales a gestionar de la mejor manera los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), dispuestos para el regreso a clases presenciales, debe ser atendido con celeridad para que se garanticen las condiciones de bioseguridad en IE oficiales, y la realización de las adecuaciones necesarias. En el mismo sentido, instamos a los Ministerios, los entes de control y los entes territoriales a acelerar los proyectos de restauración que se encuentran retrasados, así como también, a coordinar la búsqueda de soluciones para las instituciones que vienen presentando graves deficiencias en su infraestructura.

Que nuestros niños, niñas y adolescentes cuenten con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado, donde puedan acceder a los elementos y las condiciones de bioseguridad, debe ser una prioridad de todos. Necesitamos un regreso a las escuelas seguro, en el que se preserve la salud y se garantice el derecho a la educación de los menores.

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